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El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró ayer que su sindicato no contempla el debate sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones dentro del proceso de diálogo social entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Méndez señaló en rueda de prensa, tras la clausura del Comité Confederal de UGT, que el PSOE tampoco contemplaba esa posibilidad en la reunión que mantuvieron en la sede del sindicato el pasado 16 de diciembre.
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Asimismo, anunció que sendas delegaciones de CCOO y UGT se reunirán el próximo miércoles para perfilar posiciones y propuestas conjuntas de cara al encuentro conjunto que mantendrán con Gobierno y empresarios en la segunda quincena de junio, en la que se pondrá en marcha el diálogo social que, según el líder sindical, debe ser la "piedra angular" del proceso de cambio socioeconómico que necesita el país.
En su opinión, las prioridades en el tiempo del diálogo social son acometer el proceso para reducir la precariedad laboral y los accidentes de trabajo, y señaló que para ello es conveniente conocer la valoración de la comisión de expertos sobre cómo han funcionado las medidas y reformas aplicadas sobre la contratación laboral en los últimos años. En cualquier caso, se mostró contrario a revisar el coste del despido porque, a su juicio, éste no supone un elemento para explicar la elevada tasa de temporalidad. En su opinión, se trata de un debate "sesgado y parcial".
El cambio hacia la productividad
Por otro lado, reiteró la necesidad de un cambio fundamental y paulatino del modelo productivo, que en los términos actuales resulta ineficiente y genera empleo de bajo valor añadido y poca productividad, por lo que es "insostenible" a medio plazo.
Para Cándido Méndez, los tres factores básicos para el nuevo modelo productivo se centran en la reducción de la precariedad laboral, el compromiso de aumentar las inversiones en I+D+i y la mejora de la calidad del sistema educativo. En el terreno de las inversiones en I+D+i, apuntó que para acercarse a los niveles de la UE-25, España debería invertir 6.700 millones de euros en los próximos años, de los que el 50% correspondería a aportaciones del sector privado para asemejarse al reparto existente en la UE.
Respecto a la siniestralidad laboral, dijo que hay que garantizar la aplicación y cumplimiento de la normativa, aunque resaltó que la reducción de la precariedad contribuirá también a la disminución de accidentes de trabajo.
Asimismo, recordó que UGT no renuncia al objetivo de reducir el tiempo de trabajo, aunque hay que ser prudentes sobre los distintos ámbitos, y subrayó que el debate en este momento debe centrarse en la reducción de la jornada a 35 horas semanales en los sectores de alto riesgo. También abogó por abrir el debate sobre la mejora de la eficacia de los Servicios Públicos de Empleo y el análisis de los niveles de protección por desempleo. |