Hay asuntos que no pueden ni deben esperar. María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, así lo está demostrando desde su toma de posesión. Durante la semana, se ha reunido con varios consejeros de diferentes comunidades autónomas para establecer una primera toma de contacto y orientar y orientarse sobre las problemáticas del sector en todo el territorio nacional. La cesión del suelo del Estado es el punto que ha suscitado mayor interés y en el que se han centrado buena parte de las comunidades consultadas por SU VIVIENDA.
El Ministerio empezó con Galicia un turno que seguirá durante la próxima semana hasta que se complete el ciclo de las 17 comunidades autónomas con la idea de crear el Plan de Vivienda que prevé Trujillo para el periodo 2005-2008.
Así, el 'conselleiro' de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez, destacó, entre las peticiones a la ministra, que el Estado debe ceder los suelos de su patrimonio a las autonomías. Para ello, propuso que se promueva un plan sobre el suelo estatal entre el propio Estado, los ayuntamientos y las comunidades para construir viviendas de promoción pública.
Además, recordó que en Galicia se están propiciando ayudas para alquilar viviendas a bajos precios.
La principal iniciativa de Rafael Blasco, 'conseller' de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana, que también se reunió con la ministra, fue «la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por el suelo para el conjunto de España». En este proyecto debe incluirse «un paquete de medidas encaminadas a contener el precio de la vivienda, generar suelo destinado a las casas protegidas y facilitar el acceso a la vivienda».
El 'conseller' dio a conocer a Trujillo la forma de actuar que está teniendo su consejería en la Comunidad Valenciana y destacó la coincidencia con el Ministerio en que se debe aplicar el concurso de suelo en vez de la subasta, para evitar el encarecimiento de la vivienda.
Detalles concretos
En Castilla-La Mancha, la necesidad de suelo es también una evidencia. Alejandro Gil, consejero de Vivienda y Urbanismo, aseguró a este periódico que a la ministra le pedirá «un plan concreto para que el suelo público de Defensa, Renfe o de los ayuntamientos se utilice para la construcción de viviendas de protección oficial».
Recuerda la importancia de la «valoración del suelo, en la que el Estado debe implicarse más». «Se trata», añade, «de que los propietarios obtengan su beneficio, pero un beneficio tasado».
En Baleares se fija, como premisa básica, tener en cuenta una cuestión de «insularidad, tanto para Canarias, como para Baleares. Así se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero con Canarias y espero que también lo haga con nosotros», asegura Margarita Cabrer, 'consellera' de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de Baleares.
El Gobierno balear propone una vivienda en alquiler asequible y que tanto el arrendador como el arrendatario tengan subvenciones, en el caso del primero del 50%, y lograr «alquileres de 30.000 pesetas».
Destaca que el suelo es fundamental, especialmente en una isla, y que tiene que producirse la «cesión gratuita del suelo del Estado».
Laura González, consejera de Vivienda y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, insiste en que hay que «ceder suelo público a precio limitado para limitar el precio de la vivienda y crear, como aquí, una bolsa de demandantes». Pone como ejemplo a seguir por el Ministerio la Sociedad de Gestión Pública del Suelo que funciona en Asturias desde hace una década. «Hay que gestionar el suelo público poniendo de acuerdo a constructores, promotores, ayuntamientos y administraciones».
En Aragón, concretamente en Zaragoza, ya se está urbanizando Valdespartera, una antigua propiedad del Ministerio de Defensa. Con capacidad para 9.300 viviendas, unas 5.000 serán promovidas en suelo del Gobierno autónomo. Javier Velasco, el consejero de Obras Públicas de la Comunidad, que también se reunió con la ministra, propuso una política de conjunto y un «incremento sustancial» de los cupos de actuaciones para 2004 y 2005.
Antonino Burgos, consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de La Rioja, propuso en su reunión con Trujillo «un incremento de fondos de reservas y medidas de protección del suelo para realizar vivienda protegida».
En Castilla y León, Antonio Silván, el Consejero de Fomento, apunta: «Somos pioneros en el pacto por el suelo con el que perseguimos abaratar la vivienda». También asegura que es necesario crear una bolsa para jóvenes.
Murcia habló con la ministra a través de Joaquín Bascuñana, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, y su petición se basó, también, en la creación de un pacto entre el Ministerio, las comunidades y los ayuntamientos. Aludió, en este sentido, a la promesa electoral del PSOE de ceder los terrenos de Defensa y Renfe para construir viviendas protegidas.
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