El documento que estudiará hoy la junta directiva de la CEOE antes de hacer públicas sus expectativas sobre la acción a desarrollar por el nuevo Gobiern socialista, marca un punto de partida en el momento actual, el del "excelente comportamiento" que, a juicio de la patronal, viene mostrando la economía española, por la labor realizada desde los poderes públicos en los últimos años, y el esfuerzo de modernización de las propias empresas que -en un mensaje directo a los llamamientos de Zapatero a crear un tejido industrial más productivo- no se ha reflejado en aumentos de productividad "significativos" por el "considerable" aumento del empleo.

El otro pilar en el que la CEOE apoya su análisis lo forman todo un abanico de retos que la economía española debe afrontar, como el perjuicio que supone para las exportaciones la actual fortaleza del euro, el aumento de competencia derivado de la globalización y el problema de la ampliación de la UE y la fuga de empresas a países miembros con menores costes de producción. Además, recuerda la patronal la necesidad de compensar con financiación nacional los fondos estructurales y de cohesión que dejará de recibir España a partir del 2007 y el coste a asumir por la industria como consecuencia de la aplicación del Protocolo de Kioto.

Menos impuestos, ¡ya!

Dentro ya de las propuestas específicas que hace la patronal, destaca las referidas al marco fiscal. La CEOE señala que, en los últimos tiempos, la modificación y rebaja de ciertos impuestos y el equilibrio presupuestario han sido los grandes acompañantes del creecimiento económico y la creación de empleo. Sólo encuentra la patronal una pega a esta situación, que la política de reducciones fiscales se haya centrado prioritariamente en las personas físicas, en el IRPF. Creen los empresarios que ha llegado su momento, el momento de que la tijera fiscal visite las empresas.

Yendo a lo concreto, la CEOE pide una reducción de "al menos dos puntos" en el tipo general del Impuesto de Sociedades, del 35 al 33%, para acercarlo a la media de la UE, que se encuentra en el 31,4%. La patronal cree que la necesidad de esta rebaja es tan acuciante que debería llevarse a cabo este mismo año teniendo en cuenta, dice la confederación de empresarios, que las empresas tienen muy en cuenta los impuestos sobre beneficios a la hora de decidir en qué país invierten.

Entre otras medidas del ámbito fiscal, la patronal también reclama que "desaparezca" el distinto criterio que actualmente se sigue en el Impuesto de Actividades Económicas, que se ha suprimido por "injusto" para autónomos y sociedades que facturan menos de un millón de euros, mientras se mantiene o aumenta para las grandes empresas. Al mismo tiempo, CEOE apuesta por situar el tipo máximo del IRPF en el 40% y suprimir el Impuesto de Patrimonio.

Menos cotizaciones y negociación colectiva flexible

Los empresarios no quieren, por el momento, desgranar cuáles son sus posiciones con vistas a una futura reforma laboral, de las pensiones o de la negociación colectiva, las tres áreas que han generado más conflictividad entre Gobierno y agentes sociales en la anterior legislatura. Lo que no se han resisitido a mantener en sus peticiones iniciales es la vieja reivindicación de la rebaja de cotizaciones sociales, que consideran que debería hacerse de forma generalizada, y no "selectiva", para evitar distorsiones en la competencia.

La CEOE considera que la medida es perfectamente factible, dados los excedentes de la Seguridad Social, y ayudará claramente a generar puestos de trabajo. Siempre desde la concertación social, la patronal menciona de forma genérica otras aspiraciones, como diseñar un sistema de negociación colectiva más agil, donde los convenios colectivos dejen espacio a la autonomía de cada empresa, la simplificación de los distintos modelos de contrato, o el fomento del trabajo a tiempo parcial.

Sí establece la CEOE peticiones concretas para lo que sería una futura nueva ley de huelga. Recordando los acontecimientos del paro general del 20 de junio del 2002, la patronal cree en la necesidad de reformas puntuales como concretar antes de su inicio si la huelga es o no legal, que la ratificación de la convocatoria se vote de forma secreta, o establecer los servicios mínimos cuando no haya conflictividad y con carácter permanente.

El coste de Kioto

El informe de la patronal dedica un apartado especial a valorar las consecuencias de la aplicación en España del Protocolo de Kioto y la Directiva europea sobre gases contaminantes. Según los cálculos de la CEOE, a España le costaría el 1% del PIB cumplir con Kioto. Los empresarios subrayan los vínculos que existen entre el aumento de emisiones de España y su propio proceso de convergencia con la UE, señalando también los problemas de fuga de empresas y la consiguiente pérdida de empleos que traería consigo el cumplimiento estricto del proptocolo. Este peligro, dice la CEOE, exigirá la asignación por parte del Gobierno de Zapatero de "importantes" partidas presupuestarias para preservar la competitividad de las empresas españolas.

No al intervencionismo en vivienda

Otro asunto por el que la CEOE muestra una gran preocupación es el del mercado inmobiliario, para el que Zapatero ha creado un Ministerio 'ad hoc' con el objetivo básico de reconducir las dificultades actuales de acceso a una vivienda. La patronal cree que el gran motivo por el que los pisos hayan subido casi tres veces más que los salarios en los últimos quince años es el intervencionismo de las administraciones públicas, que no han aportado al mercado todo el suelo necesario para construir según la evolución de la demanda. Los empresarios creen que los poderes públicos deben limitarse a asegurar que el mercado funcione y que todo el que ofrezca suelo pueda responder a lo que pida la demanda.

La CEOE plantea otras reclamaciones, como la necesidad de mejorar la inversión pública e incentivar la empresarial en I+D, avanzar en la llamada Sociedad de la Información e introducir una mayor flexibilidad regulatoria en la industria turística. Además, la patronal hace referencia a la importancia de disponer "lo antes posible" de los medios de comunicación que establece el Plan de Infraestructuras 2000-2007, con horizonte 2010, un plan que la nueva responsable designada por Zapatero, la ministra Magdalena Álvarez, acaba de anunciar que será modificado después de un intenso diálogo con las comunidades autónomas.