Como integrantes de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, CCOO, UGT y CEOE-Cepyme, expresaron ayer su preocupación por los efectos que este fallo judicial podría tener sobre las relaciones laborales y sobre los convenios colectivos. En su opinión, el Tribunal Supremo "no ha considerado suficientemente" en su sentencia el papel que la negociación colectiva tiene en el sistema de fuentes del derecho español.

En este sentido, argumentaron que el ordenamiento jurídico otorga al convenio colectivo una fuerza vinculante que emana "directamente" de la Constitución, por lo que, según subrayaron, no se requiere una autorización expresa del legislador para negociar materias de índole económica, laboral o sindical o cuantas afecten a las condiciones laborales, entre las que se encuentra la jubilación forzosa.

Asimismo, sindicatos y empresarios hicieron hincapié en que el Estatuto de los Trabajadores, en su disposición adicional décima, establecía la posibilidad de utilizar la jubilación forzosa como instrumento de política de empleo, reconociendo expresamente que la negociación colectiva podría pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social.

Dicha disposición fue derogada en la reforma laboral de marzo del 2001, motivo que ha llevado al Supremo a considerar que "no es factible" que puedan fijarse en convenio determinadas edades de jubilación forzosa para los trabajadores. Los agentes sociales señalan al respecto que la disposición adicional décima actuaba como "norma habilitante" para la negociación colectiva, por lo que una vez desaparecida, "ya no sería posible disponer del derecho al trabajo como instrumento para realizar una política de empleo".

Por todas estas razones, CCOO, UGT y CEOE-Cepyme instarán al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que lleve a cabo la reforma legal que considere oportuna para facultar a los convenios colectivos a pactar, por razones de política de empleo, edades de jubilación obligatoria, sin perjuicio de lo previsto en materia de Seguridad Social, dotando así a la negociación colectiva de la necesaria seguridad jurídica.