|
Es tradicional que en los periodos electorales los partidos políticos se enzarcen en el nunca resuelto debate de qué hacer para garantizar el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda digna. Un debate que resulta especialmente necesario en estos momentos, cuando la vivienda cuesta, de media, el doble que en el año 1998.
Según algunos políticos, parte de la culpa la tienen los propios compradores, que se muestran dispuestos a pagar precios desorbitados. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, ha sido el único que se atrevió a hacer en público este comentario, de dudosa corrección política. Pero en privado lo han suscrito incluso algunos dirigentes del PSOE e IU.
En lo que parece coincidir todo el mundo es en que los precios se están viendo impulsados por el elevado coste del suelo y por unos tipos de interés históricamente bajos. En materia de suelo, el único intento de pacto estatal para atajar el encarecimiento se escenificó en enero de 2003 con la firma del acuerdo entre Fomento y las regiones gobernadas por el PP, además de Cataluña, Canarias y País Vasco, dejando fuera a los ayuntamientos. Un pacto a medias que nacía abocado al fracaso.
Ahora parece haberle llegado el turno al alquiler. Expertos privados y partidos políticos consideran que la mejor manera de frenar el encarecimiento de la vivienda en propiedad es fomentando la oferta de casas en alquiler a un precio razonable. Probablemente tengan razón, pero habrá que diseñar con cuidado las políticas para potenciar el alquiler si no se quiere repetir errores del pasado. Entre las medidas propuestas está recuperar la desgravación fiscal al inquilino, algo que podría terminar repercutiendo en el precio de la renta cobrada como alquiler. Que es exactamente lo que ocurre con la desgravación por compra de vivienda.
|
