En rueda de prensa para presentar el libro 'El sistema español de pensiones', escrito por el catedrático Felipe Serrano y por los sindicalistas de CCOO Miguel Ángel García y Carlos Bravo, Fidalgo aseguró que su sindicato volverá a implicarse en las reformas que se deriven del Pacto de Toledo, promoviendo modificaciones que "incrementen la contributividad" en paralelo a lograr una mayor solidaridad.

Según la tesis del sindicato, la ampliación progresiva del periodo de cálculo de las pensiones permitiría afrontar una desaceleración del ritmo de entradas al sistema y "muy difícilmente" conllevaría un "recorte nominal o real" de la prestación.

Así, CCOO entiende que de esta medida se beneficiarían los trabajadores que en sus últimos años de carrera laboral hubieran estado en el desempleo, mientras que tendría un efecto neutro para los trabajadores con carreras estables. Para aquellos con carreras profesionales ascendentes, se reconoce que la modificación de la fórmula de cálculo podría reducir las expectativas de incrementar la cuantía de la prestación, si bien se considera "prácticamente imposible" que su pensión real sea inferior a la percibida por sus predecesores.

Durante su intervención, Fidalgo destacó el alto valor que ha tenido el Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y abrir "perspectivas de tranquilidad" entre la sociedad española, afirmando que si no se hubiera producido este acuerdo parlamentario se habrían registrado episodios de "fortísimo conflicto social".

No negar las reformas

Frente a los sistemas de capitalización, Fidalgo defendió el sistema público de reparto y su compatibilización con un sistema complementario de adscripción voluntaria. En este sentido, aseguró que los sistemas de reparto no presentan riesgos financieros, a diferencia de los de capitalización.

Como ejemplo, señaló que en Irlanda y Reino Unido, dos de los países de la Unión Europea (UE) que han apostado por el sistema de capitalización, el riesgo de pobreza afecta a un 24 y un 40% de la población anciana, respectivamente, frente al 14% de España, donde actúa el sistema público de reparto, y el 20% de la media europea. En cuanto a los debates electorales sobre pensiones, Fidalgo consideró que los partidos políticos "no exhiben grandes diferencias" en esta materia o, como mucho, sólo discrepancias de "matiz" que, según apuntó, suelen desaparecer tras los periodos electorales.

Por su parte, el responsable del gabinete económico de CCOO y uno de los autores del libro, Miguel Ángel García, aseguró que "negar las reformas" oportunas es la mejor manera de acabar con el sistema público de pensiones, unas reformas que, a juicio del sindicato, requieren el mayor consenso político y social para su puesta en marcha, y que deben ir dirigidas a garantizar siempre una pensión "suficiente" a los trabajadores que abandonen el mercado laboral.

García destacó que el sistema está hoy saneado, que el gasto en pensiones sobre el PIB es asumible (9,5%) y que se ha ampliado la cobertura, aunque recordó que las cuantías medias son aún bajas. De hecho, y aunque el porcentaje se ha reducido en treinta puntos en los últimos doce años, el 59% de las pensiones son todavía inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Para el responsable del área de planes y fondos de pensiones de CCOO, Carlos Bravo, criticó que los sistemas complementarios se estén tratando como meros productos financieros, sin tener en cuenta la función social que deben realizar, por lo que abogó por que se valore este tema a la hora de introducir incentivos fiscales.