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LA ASOCIACIÓN Profesional de Inspectores Fiscales ha vuelto a llamar la atención sobre la incapacidad de la Agencia Tributaria para aflorar las bolsas de dinero negro. Y aún más: sobre su escasa determinación para encontrarlas. Se investiga exclusivamente a los contribuyentes que ya pagan, pero no las operaciones ocultas, los paraisos fiscales o la deslocalización de sujetos pasivos. El procedimiento de la Agencia anula la posibilidad de reducir los nichos de dinero negro, aunque maquilla la realidad porque proporciona "cifras estadisticas sobre la deuda tributaria descubierta en ese año, siempre mayor que la del anterior", para "hacer creer" que se combaten las grandes bolsas de fraude.
La denuncia abunda en carencias de la administración fiscal española conocidas hace años. La Agencia Tributaria carece de directrices adecuadas para articular una politica eficaz contra el fraude fiscal, sea por desinterés político, por negligencia o por convencimiento de que
en los últimos años ha descendido la ocultación tributaria, en contra de indicios como el volumen enorme de dinero en manos del público en comparación con otros paises de la UEM. El modelo de inspección alentado en los últimos años favorece la rutina fiscal, la cómoda inspección de grandes o pequeñas empresas que ya pagan con mayor o menor exactitud legal sus impuestos y de contribuyentes perfectamente controlados a través de sus nóminas o sus operaciones registradas de capital o la búsqueda puntillosa de los recovecos que favorecen la compleja normativa legal para sacar unos euros más a los contribuyentes listados.
Nada más fácil que mantener este modelo que eterniza la desigualdad tributaria y la impunidad del fraude. Los efectos son ya visibles: fuga de las rentas de trabajo hacia la imposición de sociedades, empresas legales que cierran porque no pueden competir con otras que no tributan, desplazamiento hacia sociedades más equitativas. La mejor reforma fiscal para bajar los impuestos es la que se apoya en la disminución del fraude; pero este no parece ser el criterio del Gobierno. Ha preferido instalarse en la cultura de dar por bueno sin más el axioma de que hay unos ciudadanos que pagan impuestos, y seguiran pagando cada vez más
atornillados por una vigilancia estricta, y otros que no pagan y no pagaran jamás.
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