Según afirmó González, los beneficios que se conceden a las inversiones en inmuebles son los que están contribuyendo a los fuertes incrementos de los precios de estos activos, a los que las familias destinan buena parte de su renta, en lugar de dirigirlo a otro tipo de ahorro.

En el libro La fiscalidad efectiva de los productos de ahorro en Europa y EEUU que el consejero del Banco de España ha publicado junto a la también catedrática Nuria Badenes, ambos aseguran que las últimas reformas fiscales que se han llevado a cabo en España no han contribuido a elevar el nivel de ahorro privado, que es lo que pretendía el Gobierno, sino que se ha producido todo lo contrario.

Tanto Badenes como González afirmaron que el sistema no debería discriminar entre productos de ahorro que tienen la misma finalidad, como los fondos de inversión y las acciones, por lo que pidieron igual trato para todo el ahorro ordinario y el dedicado a la jubilación.

Las plusvalías por la venta de acciones y los dividendos son, según ambos autores, los productos que soportan la fiscalidad efectiva más elevada, mientras que las condiciones más favorables recaen en los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados, cuando las prestaciones se cobran de una vez en el momento de la jubilación.

González, además, criticó que la actual normativa otorgue a los fondos de inversión, y no al resto de productos, el privilegio de no tener que tributar cuando se traspasa el dinero de uno a otro, y afirmó que "si el ahorro es bueno en general, suprimamos para todos esa obligación".

En este sentido, ambos catedráticos defendieron que se trate más beneficiosamente al ahorro que tiene como finalidad complementar la pensión pública de jubilación, aunque apostillaron que no es necesario que sea a unos productos en concreto, como planes de pensiones o seguros de vida.

Para Badenes y González sería interesante que se tratase por igual a un plan de pensiones que a una cuenta de ahorro en la que una familia acumula fondos durante muchos años para la jubilación.

Sin embargo, reconocieron que la presión de los diferentes grupos financieros hace muy difícil esta posibilidad, por lo que reclamaron que, al menos, se prime el cobro de las prestaciones en forma de renta a través de una cuota mensual desde la jubilación hasta el fallecimiento, lo que ayudaría más a la economía y asegura unos ingresos durante el resto de la vida, en lugar de hacerse todo de una vez, como ocurre actualmente.

Los catedráticos aseguran en su libro que la reforma del IRPF del 2002 "reducirá la fiscalidad que pesa sobre el ahorro" y opinan que "va en la dirección adecuada, ante la escasez relativa de ahorro para hacer frente tanto a nuevas inversiones como a las necesidades de cobertura para la jubilación".