El Pleno del Congreso aprobó ayer definitivamente el proyecto de Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, que viene a establecer que las pensiones deben ser iguales en todas las comunidades autónomas, e impide a las autonomías complementar las pensiones no contributivas.

El proyecto de Ley defiende un sistema de la Seguridad Social basado en los criterios de "universalidad", "unidad" e "igualdad". Los grupos nacionalistas y el PSOE criticaron duramente este supuesto, pues su principio de "unidad" impide a las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas, lo que, en su opinión, "vulnera" el reparto competencial, pues las comunidades tienen asumida las competencias de asistencia social y, por ende, consideran que este materia se enmarca cuestiones de prestaciones sociales.

Con la votación de ayer y tras su paso por el Senado -donde el PP rechazó los vetos presentados por CiU y PSOE, así como las enmiendas del resto de grupos parlamentarios-, esta ley queda definitivamente aprobada y entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante su tramitación en el Congreso previamente a que el texto se remitiese al Senado, el portavoz del PSOE en la Comisión de Política Social y Empleo en la Cámara Baja, Ramón Jáuregui, ya advirtió que si este texto se aprobaba en estos términos, tal como ha sucedido, los socialistas se plantearían recurrir al Tribunal Constitucional.

Su homólogo de CiU, Carles Campuzano, se expresó en su intervención de ayer en los mismos términos, apuntando que no duda que, tal como queda redactado el texto de Seguridad Social, las comunidades autónomas recurrirán la Ley ante el Constitucional una vez entre en vigor.

Además, en virtud de esta ley, el Gobierno dificultará la evasión del pago de cotizaciones de empresarios a la Seguridad Social. En concreto, el Estado obligará a pagar las cuotas a la Seguridad Social, que correspondan al empresario, a todo aquel que tenga empleados a trabajadores aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes. Con ello, se pretende evitar el "fraude" de aquellos que intentan eludir el pago de estas cotizaciones a la Seguridad Social.

Así, en los casos en que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario, se podrá dirigir el procedimiento recaudatorio de las cotizaciones contra quienes se beneficien de la prestación de servicios de trabajadores a los que haya empleado y, pese a que no figure como empresario, se podrá proceder a recaudar dichas cuotas a pagar a la Seguridad Social siempre que pueda probarse que "efectivamente" se han beneficiado de servicios prestados por trabajadores.

Por su parte, el PSOE andaluz garantizó que la Junta seguirá adelante con su decisión de complementar el próximo año las pensiones asistenciales, no contributivas y mínimas de viudedad pese a la Ley aprobada en el Congreso de los Diputados por entender que esta iniciativa está "amparada" por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que reconoció las competencias autonómicas en materia de asistencia social.

El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Caballos, aseguró que la Junta va a ejercer sus "competencias exclusivas" en asistencia social para "seguir adelante" con su iniciativa de complementar las pensiones mínimas, que benefician a unos 300.000 andaluces, e inclusó apuntó la posibilidad de recurrir esta nueva Ley ante el TC "si no deja resquicios" para que las comunidades "puedan seguir haciendo política de solidaridad con los más desfavorecidos".

La Junta de Andalucía aprueba nuevas ayudas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido en sesión extraordinaria, aprobó hoy tres decretos con ayudas sociales para 285.000 familias andaluzas que perciben pensiones asistenciales, no contributivas y de viudedad, cuyo importe total será de 42,1 millones de euros.

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, dijo en rueda de prensa que estas ayudas no se ven afectadas por la ley aprobada ayer en el Congreso ya que se trata de "ayudas sociales contempladas en el Estatuto de Autonomía" y dijo que el Gobierno de la nación "será el hazmerreír del Tribunal Constitucional" si vuelve a recurrir la decisión de la Junta.

El titular de Asuntos Sociales aseguró que estas ayudas están dirigidas "a personas que se encuentran en riesgo de exclusión y se otorgan en el marco de algo sentenciado y fallado por el Tribunal Constitucional, que reconoció que las ayudas sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y ninguna ley del Estado puede modificar esta competencia de la comunidad autónoma".

La Junta no va a recurrir la ley aprobada en el Congreso y confía en que el Gobierno tampoco lo haga respecto a los decretos del Gobierno andaluz porque en ese caso "sería el hazmerreír del Tribunal Constitucional" y "amargaría la Navidad a cerca de 300.000 andaluces", dijo Pérez Saldaña.

Según el consejero, el pago de estas ayudas será "lo más inmediato posible", de manera que las pensiones no contributivas se podrán cobrar la próxima semana, con cargo al presupuesto de 2003 ya que mañana se publicarán los tres decretos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), adelantándose así a la la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la decisión del Gobierno de impide que las comunidades autónomas puedan mejorar las pensiones no contributivas del Estado, que se realizará el lunes.

Las ayudas a las pensiones de viudedad se abonarán en el año 2004 y las asistenciales no se ven afectadas por la decisión del Congreso, explicó el titular de Asuntos Sociales. La Junta "no está tratando de romper ninguna caja nacional", sino "mejorar a los más desfavorecidos y no está dispuesta a que 300.000 familias vean frustradas sus expectativas avaladas por este Gobierno", afirmó.

Pérez Saldaña calificó la actitud del PP como de "electo-ventajismo", ya que por un lado aprueba "subidas de pensiones que no había anunciado y a la vez impide a las comunidades autónomas que concedamos nuestras ayudas sociales".

Según el consejero andaluz, los tres decretos aprobados hoy se han basado en la ley de Servicios Sociales de 1988 que reconoce a la Junta la posibilidad de ayudar a colectivos desfavorecidos, marginados o excluidos y en el Plan de Inclusión de la Junta, ya los tres grupos de pensiones se encuentran incluidas en esos grupos de riesgo.

Las primeras ayudas, correspondientes a las pensiones no contributivas, se podrán cobrar a partir de la próxima semana y se harán con cargo al presupuesto de 2003, dijo Pérez Saldaña.

La reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno fue convocada por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, después de que el Congreso aprobara ayer, con los votos del PP y Coalición Canaria, una ley que prohíbe a las autonomías aumentar las pensiones no contributivas.

El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, José Caballos, ya adelantó ayer que el Gobierno autonómico "va a seguir adelante" con el complemento de las pensiones asistenciales, las no contributivas y las de viudedad, pese a la aprobación de la Ley de Disposiciones Específicas de la Seguridad Social.

La Junta andaluza decidió en 1998 dar una paga de 56,47 euros a los andaluces receptores de pensiones no contributivas, una medida que el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional, que avaló la decisión del Gobierno andaluz.

Navarra pide cautela

Por su parte, el presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, pidió hoy cautela ante la aprobación por parte del Congreso de la ley que establece la igualdad de las pensiones en todas las comunidades aunque afirmó no tener "ningún miedo" a que pueda afectar a Navarra, cuya capacidad normativa, anunció, "yo defenderé".

Tras la aprobación de dicha ley, Miguel Sanz se reafirmó en que la medida tomada en Navarra para equiparar, mediante deducción fiscal, las pensiones mínimas de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional "es una medida correcta que cae en el ámbito de nuestra capacidad normativa, de nuestra capacidad reguladora de nuestro autogobierno".

Al defender esta actuación anunció que, en caso de producirse algún conflicto de competencias al respecto, "yo defenderé esta capacidad de Navarra". A partir de ahí, agregó en declaraciones a los periodistas antes del pleno parlamentario, "yo creo que lo que debemos ser es cautos y no estar permanentemente insistiendo, hablando de lo que ocurre en Madrid, porque cuando hablamos demasiado estamos alejándonos de lo que ha sido siempre nuestra forma de actuar y de gestionar el Fuero, nuestra capacidad normativa".

Por otro lado, el Parlamento de Navarra, con la única oposición de UPN, ha aprobado hoy una moción del PSN que insta al Gobierno central a desistir en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra algunas leyes forales, como la de ayudas a las pensiones de viudedad, la de igualdad jurídica de las parejas estables o la de implantación de la jornada semanal de 35 horas.

El portavoz del grupo socialista, Juan José Lizarbe, manifestó al respecto que los recursos pendientes "en ningún caso suponen una afrenta a la Constitución, una invasión de competencias estatales, ni un agravio entre ciudadanos de nuestro país".