En concreto, abogó por incentivar las actas de conformidad efectivamente cobradas y debidamente garantizadas, desincentivando paralelamente las actas de disconformidad o, al menos, las que suscribiéndose como tal sean finalmente estimadas a favor del contribuyente o devengan impagadas, así como por un efectivo control del cumplimiento de tales objetivos.

Igualmente, Aedaf considera que las causas de que España tenga la mayor conflictividad tributaria de Europa se debe a la falta de unos mecanismos legales que permitan en caso de discrepancia un acuerdo entre la Administración y el contribuyente. Así, señaló que en los 11 países de la UE que han incluído en su ordenamiento jurídico mecanismos de acuerdo se ha reducido la conflictividad "considerablemente".

Durán-Sindreu arremetió también contras las deficiencias del sistema de objetivos de la administración tributaria y, en concreto, el de la retribución de determinados funcionarios. "El sistema de retribución de los funcionarios que toma como referencia el importe de la deuda liquidada, con independencia de la conformidad o no del contribuyente a la propuesta de regularización, tan sólo puede calificarse de perverso", subrayó.

En opinión de los asesores fiscales, es necesario reflexionar sobre la especialización de los jueces y magistrados en materia tributaria y se debe abrir, igualmente, el camino a la creación de juzgados especializados en materia tributaria.

Para el presidente de Aedaf, se ha producido "una mutación del principio constitucional de inocencia", que se ha transformado en una "presunción de defraudación". Por ello, denunció "la falta real y práctica" de una plena aceptación por parte de la administración tributaria de la "economía de opción". "Esta no es sólo una opción plenamente lícita sino el lógico corolario del diligente padre de familia al que se alude en nuestro Código Civil", concluyó.