El primer objetivo declarado de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, cuya tramitación parlamentaria se inicia esta misma semana, es impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Eso significa políticas de I+D+i, reducción de impuestos, políticas activas que estimulen la actividad empresarial y la creación de empleo y, obviamente, inversión pública en infraestructuras. Es decir, políticas que apoyen el crecimiento, la productividad y la competitividad de nuestra economía.
Si analizamos las entrañas del Presupuesto, y nos detenemos en las prioridades de gasto, observamos que, con la salvedad del gasto social que consume la mitad del Presupuesto, la primera prioridad es la inversión pública.
El conjunto de la inversión pública del Estado y el sector público estatal totaliza la cantidad de 27.420,48 millones de euros, se incrementa un 10,5% respecto a 2003, por encima del incremento del PIB nominal. El dato es muy positivo y refleja el grado de compromiso presupuestario con la inversión. Sin embargo, es de una extraordinaria importancia si lo colocamos en una secuencia histórica. En 1995 la inversión pública ascendía a 10.861 millones de euros. Es decir, en 2004 se habrá incrementado la inversión pública más de un 130% respecto a los niveles de inversión de 1995, cuando nuestro déficit público rozaba el 7% del PIB.
El esfuerzo inversor del sector público se ha incrementado notablemente estos años, y en esta legislatura, con cuatro Presupuestos sin déficit público. No sólo se ha cumplido la vieja regla de oro de las finanzas públicas que exige que la inversión sea superior al déficit, sino que el aumento de la inversión se ha realizado en un escenario de equilibrio presupuestario.
Hemos pasado de una situación, en 1995, en que necesitábamos endeudarnos para afrontar el gasto corriente a una situación, en 2004, en que no tenemos que recurrir al déficit para financiar un incremento del gasto de capital de diez puntos respecto al ejercicio anterior.
España ha desarrollado desde 1996 un intenso proceso de consolidación presupuestaria que le ha llevado a alcanzar por cuarto año consecutivo el equilibrio presupuestario que, por cierto, tiene un componente normativo, incorporado a nuestro ordenamiento presupuestario, por las leyes de estabilidad.
La estrategia de consolidación fiscal ha sido la correcta, no se ha basado en un aumento de los impuestos, antes al contrario, las dos reducciones del IRPF han puesto a prueba su elevada elasticidad, que se ha traducido, por efecto del crecimiento y de la creación de empleo, en un aumento de la recaudación.
La estrategia de consolidación fiscal ha sido intensa en el tiempo y en la cuantía, y ha descansado fundamentalmente en la disciplina del gasto corriente. Se han liberado recursos presupuestarios que han permitido enfatizar las políticas públicas que inciden directamente en el crecimiento, el empleo o la productividad, como es la inversión en infraestructuras.
Hay una mutua imbricación entre infraestructuras y economía productiva real; las infraestructuras contribuyen al desarrollo económico, a la convergencia real y al pleno empleo, objetivos básicos de nuestra política económica. Incrementan la productividad de los factores de producción, aumentan el output y la inversión privada.
Las infraestructuras de transporte son un factor decisivo para la integración del mercado laboral y del transporte, y tienen una importante aportación en la reducción de costes empresariales (transporte, seguros…), con el consiguiente alivio para las tensiones inflacionistas.
Del stock de infraestructuras dependen, amén del sector transporte, otros sectores económicos como la construcción, la distribución comercial, la industria alimenticia y de productos perecederos e, indudablemente, el turismo.
El Plan de Infraestructuras 2000-2007 es una apuesta seria para acabar con el déficit histórico de infraestructuras de nuestro país, su impacto sobre el PIB se sitúa en más de cinco puntos, y su contribución a la generación de empleo se cifra en 50.000 empleos/año. El Presupuesto apoya, año tras año, un plan eficazmente gestionado por el ministro de Fomento.
Hay un fantasma que recorre Europa: el déficit público. Gangrena el gasto social en Alemania y Francia; hipoteca, con el endeudamiento, a generaciones futuras; acogota la inversión presupuestaria. España ya no cree en fantasmas.
El esfuerzo inversor del sector público se ha incrementado más de un 130% desde 1995, y en un escenario de equilibrio del Presupuesto.
Abogado del Estado, diputado del PP por Girona y portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso
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