Para establecer el salario mínimo de cada año se toma en consideración de forma conjunta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno viene insistiendo en la necesidad de contener la inflación y moderar las rentas salariales, con el objetivo de seguir contribuyendo a la creación de empleo. Así, desde que gobierna el PP, el SMI ha subido cada año lo mismo que la previsión oficial de inflación.

El pasado año, por primera vez, no se celebraron las reuniones para las consultas previas pertinentes con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, aunque los agentes sociales hicieron llegar sus propuestas al Ministerio de Trabajo por carta.

El ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, ha reconocido que la reforma del SMI es un proceso complejo debido a la actual legislación, y ofreció a las organizaciones sindicales la posibilidad de que se cree una comisión de estudio para evitar la referencia permanente en la legislación a esta renta mínima.

A este respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT y la secretaria de Empleo de CCOO, Antonio Ferrer y Lola Liceras, en declaraciones a Europa Press, se mostraron favorables a esa reunión para reformar el SMI, de manera que tenga únicamente una naturaleza laboral y se desvincule como referencia para otro tipo de baremos.

No obstante, los sindicatos piden al Gobierno que cumpla con el Estatuto de los Trabajadores y la Carta Social Europea, de manera que se revise semestralmente y se acerque al 60% del salario medio español (actualmente no llega al 40%). En este sentido, UGT y CCOO recordaron que el SMI español es el segundo más bajo de la UE, sólo por delante de Portugal, y lleva cinco años consecutivos perdiendo poder adquisitivo, hasta llegar a los seis puntos porcentuales.