La citada enmienda suprime también la previsión inicial de la ley, pendiente aún de pasar su último trámite por el Congreso de los Diputados, de que esta prohibición pudiera abarcar un máximo de seis años en el supuesto de sentencia firme.
El Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, ha retocado en la Cámara alta el artículo 13 de la ley para adaptarla a la legislación penal y precisar con mayor claridad la imposibilidad de que reciban este tipo de ayudas quienes hayan 'sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas'.
Los administradores
La redacción de la ley remitida al Congreso no era tan precisa y ha traído de cabeza a altos responsables de Hacienda. En ella se limitaba la prohibición de acceder a las ayudas públicas a los condenados por delitos de falsedad, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social o delitos contra los derechos de los trabajadores.
Hacienda ha suprimido de la norma el párrafo que extendía la prohibición de obtener subvenciones o actuar como entidad colaboradora a las empresas cuyos administradores o representantes hayan sido condenados por los citados delitos.
En otra enmienda aprobada por el Senado a iniciativa del PP y del PNV, se restringe la publicación de los datos de los beneficiarios de las ayudas cuando este paso pueda ser contrario 'al respeto y salvaguardia del honor, la intimidad personal y familiar'. Según el senador del PP Rogelio Pardo, ponente de la ley, esta exoneración puede beneficiar a las víctimas de malos tratos que no reciban pensión o a las víctimas del terrorismo, entre otros.
Hay dos enmiendas transaccionales a la Ley de Subvenciones que han sido aprobadas por todos los grupos, mediante las que se hace patente el respeto a los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Ésta es una ley básica y, por tanto, tiene efectos sobre todo el Estado.
Este reconocimiento de la singularidad de ambas comunidades autónomas fue lo que condujo a los nacionalistas vascos a levantar el veto a dicha norma en el Senado.
Recta final para la Ley General Presupuestaria
El Ministerio de Hacienda ha aprovechado la fase final de la tramitación de la Ley General Presupuestaria para dejar claras sus competencias en lo que atañe a la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales y su presentación ante el Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación de las cuentas generales del Estado de cada ejercicio.Hacienda también precisa sus competencias para determinar la estructura de los Presupuestos del Estado y de sus anexos, y concede mayor capacidad de gestión a los organismos autónomos.
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