La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, modifica el apartado 5 del artículo 203 del proyecto de Ley General Tributaria, por el que se regulan las sanciones tributarias por resistencia en el tercer requerimiento notificado por Hacienda al contribuyente. El texto actual establece, para estos casos, una multa proporcional del 2% de la cifra de negocio del sujeto infractor, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 25.000 euros, cuando el contribuyente no haya comparecido o facilitado la actuación de Hacienda o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto.

Sin embargo, con la enmienda del PP se establece una multa proporcional de hasta el 2% de la cifra de negocio, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros. Así, si el importe de las operaciones a que se refiere el requerimiento no atendido representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75% del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en una multa proporcional del 0,5; 1; 1,5 y 2% de la cifra de negocio, respectivamente.

La propuesta de los populares contempla también que, en el caso de que no se conozca el importe de las operaciones o el requerimiento no se refiera a magnitudes monetarias, se impondrá el mínimo situado en 10.000 euros, aunque si se da total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de concluirse el proceso sancionador, la multa se rebaja hasta los 6.000 euros.

El resto de las enmiendas al proyecto de Ley General Tributaria que ha introducido el PP en el Senado establecen también una mayor proporcionalidad en la aplicación de las sanciones tributarias. En concreto, en el caso de las multas por incumplir obligaciones contables y registrales, se establece una cuantía máxima de 6.000 euros para las infracciones por la falta de conservación de la contabilidad, los libros y los registros exigidos por las normas tributarias, que se calculará de acuerdo con el 1% de la cifra de negocio.

Infracciones graves

Igualmente, el PP ha modificado las sanciones no pecuniarias en el caso de las infracciones graves o muy graves, estableciendo también nuevos criterios de proporcionalidad para la aplicación de las mimas. Así, se introduce, en el caso de infracciones por importe igual o superior a 30.000 euros, la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas en el plazo de un año si la infracción es grave y de dos años si es muy grave, frente al criterio actual de dos años para los dos tipos de infracciones.

En esta misma línea, cuando la multa por infracción muy grave sea igual o superior a 60.000 euros, se recoge la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o contratar con la administración que haya impuesto la sanción en el plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe de la multa impuesta hubiera sido igual o superior a los 60.000, 150.000 y 300.000 euros, respectivamente.

El PP ha introducido igualmente cambios en las sanciones por presentar declaraciones de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, ya que se ha graduado la multa en función del importe de las operaciones que debieron declararse correctamente. De esta manera, si el importe de las actividades no declaradas o declaras incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75% de las operaciones que debieron declararse, la multa será proporcional al 0,5; 1; 1,5 y 2% del importe de las operaciones, respectivamente, frente al 2% que se recoge en el texto actual.