García Valdecasas destacó que el plan de pensiones acordado con los sindicatos en noviembre del 2002 recibió el pasado día 7 un nuevo impulso, al aprobar la Mesa General de Negociación de la Función Pública las condiciones para su puesta en marcha. El plan, dijo la ministra, es claramente "innovador", mientras que el diputado del PSOE Angel Martínez Sanjuán acusó al Gobierno de "amplificarlo mucho".

La ministra recordó que el Gobierno dotará el próximo año con 54,65 millones al plan de pensiones, de los que 24,65 millones serán para los funcionarios, interinos y laborales con dos años de antigüedad; el resto irá para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejército, magistrados, jueces y fiscales. En total, detalló, se beneficiarán del plan 253.266 empleados públicos y 267.792 policías, militares, jueces, fiscales y magistrados.

En su opinión, el plan de pensiones complementario "rompe moldes" y ha supuesto la "recuperación" de la paz social en la Administración Pública, por lo que agradeció a su predecesor en el cargo, Javier Arenas, el esfuerzo que hizo para firmar el acuerdo. Al respecto, Martínez Sanjuán acusó al Gobierno de exagerar las bondades del plan, cuando, advirtió, "sólo supone una media de 120 euros por año y persona" de capitalización.

Esto se traducirá a la edad de jubilación, explicó, en una renta media de sólo "el 0,3-0,4%" de las retribuciones salariales que perciben los empleados públicos, teniendo en cuenta que "la media de edad del personal de la administración pública es de 46 años y se puedan jubilar a los 65". Por tanto, advirtió, el plan de pensiones es "interesante", pero "no es para echar las campanas al vuelo".

Frente a ello, Sanjuán también sostuvo que el Gobierno no está atajando el problema de interinidad y temporalidad que sufre la Administración General del Estado, que además está conllevando el "envejecimiento" de la plantilla. De acuerdo a los datos que dio, sólo el 3% de los empleados públicos tienen menos de 30 años, por lo que reclamó a la ministra que ponga en marcha un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla.

En respuesta, la ministra destacó que la tasa de temporalidad de la Administración General del Estado es del 6,88% -la de los interinos es del 1,91% y la de los laborales y temporales del 16,57%-, frente al 23,4% de las comunidades autónomas y del 34,2% en las corporaciones locales.

El plan para los funcionarios

En noviembre del año pasado, con Javier Arenas incorporado a la cartera de Administraciones Públicas en vísperas de las elecciones autonómicas, el Gobierno selló un acuerdo salarial con los sindicatos después de años de desencuentros. Al final, las centrales aceptaron unos incrementos retributivos inferiores a los exigidos inicialmente a cambio de la creación de un novedoso plan de pensiones.

Las concreciones de este plan se acordaron el mes pasado. Cubriría a más de 520.000 empleados de la Administración General del Estado, desde funcionarios de carrera hasta interinos o temporales. El secretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez-Pomar, explicó entonces que el objetivo del plan es garantizar a los empleados públicos o a sus beneficiarios un complemento de sus pensiones de jubilación, incapacidad, viudedad u orfandad, estimular el ahorro a largo plazo, fomentar el uso de los planes complementarios y primar la extensión de los planes de pensiones de empleo.

Sin embargo, el propio Ministerio de Administraciones Públicas reconocía que las cantidades destinadas al plan en un principio no eran "muy significativas" y que lo que debe valorarse es "su diseño y arranque más que su dotación". El plan tendrá una aportación definida y fijada anualmente en los presupuestos generales del Estado, mientras que la cuantía de la prestación quedará determinada cuando se produzca la jubilación o la contingencia específica.

Además, aunque el empleado público no está obligado a hacerlo, podrá realizar las aportaciones que quiera, mientras que el Estado repartirá la cuantía presupuestada en relación con el sueldo (el 75%) y con la antigüedad del funcionario (el 25%). Los derechos adquiridos en este plan podrán ser movilizados si el empleado público es trasladado a otra administración, y podrá seguir haciendo aportaciones si se marcha a la empresa privada, aunque el Estado dejará de asignarle recursos. Los presupuestos permiten a las comunidades autónomas y corporaciones locales promover planes de pensiones para sus empleados con las mismas características que este plan.