La institución presidida por Jaime Montalvo denunció la dificultad que, "una vez más", supone para el CES elaborar en un plazo de diez días un dictamen "extenso, variado y complejo" sobre esta norma, máxime cuando es obligado recabar la opinión de los agentes sociales en él representados.

Por ello, el CES explica que no ha analizado la Adenda a la ley que le fue remitida el pasado 3 de octubre, "pese a afectar en profundidad a una normativa de gran relevancia", al no reiniciarse desde su recepción el plazo oportuno. De esta forma, el consejo denuncia que "se ha visto obligado" a ceñirse únicamente al texto del anteproyecto.

En materia fiscal y económica, el organismo valora que las empresas puedan recuperar el IVA en casos de morosidad, aunque el deudor no sea empresario ni profesional, y llama la atención sobre la "eventual" reducción recaudatoria del Impuesto de Sociedades lo que, según advirtió, puede suponer la no aplicación de las normas de subcapitalización a las entidades que tengan vinculación con otras residentes en otro país de la Unión Europea.

Asimismo, alerta del "riesgo de aparación" de prácticas de evasión fiscal que puede conllevar la eliminación del régimen de transparencia fiscal internacional, al añadirse un nuevo apartado en el articulado de la Ley del Impuesto de Sociedades. Respecto a los planes de pensiones, el CES considera que las contribuciones adicionales o extraordinarias destinadas a garantizar los derechos de los partícipes "sólo estarían justificadas" cuando en en dichos planes se detecten déficits estrictamente actuariales.

Financiación de bonificaciones

En materia social, el consejo se centra en el programa de fomento del empleo para el 2004, abogando por una "completa evaluación" del funcionamiento de los sucesivos programas para conocer el efecto real de los mismos y su discusión previa con los interlocutores sociales. Por otra parte, y en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo, la institución dirigida por Montalvo recuerda al Gobierno que las bonificaciones a la contratación de los grupos con especiales dificultades en el empleo deben ser financiados por la fiscalidad general y no a través de los presupuestos del Inem.

Respecto a la ampliación de los plazos sobre los préstamos concedidos por el Estado, el CES recomienda que el primero de los créditos (motivado por la universalización del servicio sanitario) sea cancelado, y que el segundo (un crédito del Estado a la Seguridad Social) sea regularizado y negada su prórroga, dado el superávit del sistema.