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Estrella Económica - Economía 

8 de octubre de 2003  



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Gobierno y sindicatos pactan el plan de pensiones para funcionarios, dotado con 50,7 millones en el 2004

Las aportaciones tendrán carácter de salario diferido y se distribuirán de manera individual para cada empleado, con opción a realizar contribuciones voluntarias

Estrella Digital/ EP

Madrid

Gobierno y sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo para la puesta en marcha del Reglamento del Plan de pensiones para los empleados públicos, que contempla un presupuesto aproximado de 50,71 millones de euros en el 2004 para el conjunto de los trabajadores de la Administración Pública. Tras la reunión de la Mesa General de la Función Pública, la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, explicó las líneas básicas del plan de pensiones, del que se beneficiarán los 253.266 empleados públicos representados en la Mesa, con una dotación de 24,64 millones, y 267.792 trabajadores de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, magistrados, jueces y fiscales, con 26,06 millones de euros.

García-Valdecasas recordó que este fondo de pensiones, que estará operativo en el 2004, estaba previsto en el acuerdo alcanzado entre Gobierno y organizaciones sindicales el pasado año para la modernización y mejora de la Administración Pública.

El Fondo es compatible con las pensiones públicas establecidas por la Seguridad Social y clases pasivas del Estado, y sus aportaciones tendrán carácter de salario diferido y se distribuirán de manera individual para cada empleado. Además, existe la posibilidad de que los trabajadores hagan aportaciones voluntarias y de que trasladen el importe de capitalización en caso de cambiarse a otra Administración.

Los promotores del plan serán los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos y entes públicos con presupuesto limitativo o con funcionarios en activo (quedan excluidas entidades como RTVE, Aena o Banco de España), y la entidad aseguradora responsable de gestionarlo será seleccionada mediante concurso público.

García-Valdecasas señaló que este plan debe servir de ejemplo para otras Administraciones Públicas, e instó a comunidades autónomas y corporaciones locales a promover voluntariamente planes de pensiones para sus empleados públicos, garantizándose la igualdad entre el conjunto de los trabajadores mediante el establecimiento de un porcentaje máximo de la masa salarial para financiar las aportaciones de carácter básico, que quedará fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Satisfacción

Los representantes de UGT, CCOO y CSIF mostraron su satisfacción con el acuerdo alcanzado sobre el plan de pensiones y por la receptividad mostrada por la Administración. No obstante, el portavoz del Area Pública de CCOO, Fernando Lezcano, y el secretario general de FSP-UGT, Julio Lacuerda, subrayaron que los sindicatos serán "escrupulosos" en garantizar los derechos de los partícipes, y mostraron su deseo de extender el plan progresivamente al conjunto de las Administraciones.

Más crítico se mostró, en cambio, el vicepresidente nacional de CSIF, Josep Lluis Bauzá, que manifestó la importancia del plan de pensiones a la hora de homogeneizar el conjunto de las retribuciones diferidas en las Administraciones Públicas y favorecer el acuerdo de movilidad, pero lamentó que la "buena sintonía" no se haya trasladado a otras cuestiones abordadas en la Mesa.

Así, Bauzá advirtió que la subida salarial para los empleados públicos en el 2004 será del 2,72% (el 2% equivalente al objetivo de inflación del Gobierno y un 0,72% para elevar las pagas extras y que se vayan equiparando al salario mensual), con lo que probablemente vuelvan a perder poder adquisitivo, ya que la inflación en agosto se situó en el 3%.

El dirigente del sindicato de funcionarios también se mostró en desacuerdo con el Gobierno en la falta de compromiso de aportaciones anuales destinadas al fondo de pensiones en años sucesivos, y reivindicó modificaciones relacionadas con la externalización de servicios y con la Ley de Incompatibilidades.



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