Según comunicó Gallud, en la operación, que sigue abierta y ha sido tutelada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Dos Hermanas, fueron detenidas un total de 29 personas que defraudaron 15 millones de euros entre 1999 y el 2002. Además, se intervinieron cinco fincas y cerca de 30 vehículos.

La investigación fue realizada por funcionarios de Inspección y Aduanas de la Agencia Tributaria en Andalucía durante más de seis meses, y permitió descubrir un fraude fiscal de 5 millones de euros en el IVA y 10 millones en Impuesto sobre Sociedades, por lo que se ha incoado expediente por delito fiscal, falsedad en documento mercantil y alzamientos de bienes.

El fraude fiscal se realizó a través de facturas falsas, a través de las cuales se reducía, de forma ficticia, las cuotas a pagar por el IVA, a la vez que se incrementan los gastos a deducir por las empresas receptoras de las facturas y, en consecuencia, minoraban falsamente el beneficio a declarar en el Impuesto sobre Sociedades.

Los titulares de las empresas preparadas para defraudar mediante facturas falsas estaban relacionadas con el sector inmobiliario y de la construcción y tenían, en muchos de los casos, relaciones personales y familiares entre ellos.

La trama

La trama estaba compuesta, en un primer nivel, por un grupo de empresarios individuales sujetos al régimen de estimación objetiva en IRPF y al régimen simplificado en IVA. Las investigaciones de la Agencia Tributaria descubrieron divergencias entre la capacidad real de facturación de estas empresas y las facturas emitidas, ya que la infraestructura técnica, empresarial y laboral de estas empresas no permitía prestar los servicios u obras facturados.

En segundo lugar había un conjunto de sociedades de dudosa solvencia, administradas por personas interpuestas, y cuya actividad era sólo aparente. Estas empresas recibían las facturas anteriormente descritas, y emitían otras nuevas, con el objetivo de dificultar las investigaciones.

En el último escalón de la trama estaban los destinatarios de las últimas facturas falsas emitidas. Estos empresarios, con una actividad económica real y comprobable, mediante la adquisición de estas facturas falsas, emitidas a un precio irrisorio en relación con el importe real de las mismas, desgravaban el IVA supuestamente abonado, al tiempo que presentaban unos beneficios inferiores a los reales para pagar menos por el Impuesto sobre Sociedades.