Según García-Valdecasas, ya hay ocho comunidades autónomas, Galicia, Baleares, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia y Canarias, y las ciudades de Ceuta y Melilla dispuestas, "en principio", a firmar un acuerdo que permitirá a los trabajadores de las autonomías trasladarse a otra región o a la Administración central, y viceversa.

La titular de Administraciones Públicas afirmó también que el citado convenio servirá para mejorar la calidad del servicio público y la atención al ciudadano, y para eliminar "barreras" a la conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios.

La ministra recordó que su departamento ha constituido una comisión de expertos, presidido por el Director General del INAP, encargada de hacer propuestas para mejorar el funcionamiento de la Administración, al tiempo que se ha creado una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados.

Junto a estas iniciativas, García-Valdecasas subrayó que existe una comisión de seguimiento que analiza el grado de cumplimiento del acuerdo para la modernización y mejora de la Administración, suscrito en noviembre del 2002 entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Dicho acuerdo, pretende mejorar la calidad y eficacia de los servicios, conciliar la vida familiar y laboral de los funcionarios, impulsar su cualificación, mejorar la calidad del empleo, eliminar la temporalidad, e incrementar las retribuciones de los funcionarios, a través de medidas como el plan de pensiones específico que se está negociando con los sindicatos y que comenzará a funcionar el próximo año.

García-Valdecasas garantizó que asegurará la completa ejecución de los proyectos iniciados, "especialmente de los que tienen un impacto directo sobre ciudadanos y empresas", como el sistema de notificaciones telemáticas seguras, "que permitirá en el futuro que todo ciudadano que lo desee tenga asignada una dirección electrónica única para su relación con la Administración".