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El Ministerio de Administraciones Públicas extenderá el pacto de garantías de movilidad geográfica firmado con los sindicatos a la mayoría de las comunidades autónomas. Según este convenio, cada comunidad autónoma deberá reservar el 5% de las plazas de funcionarios para personal que ya trabaja en otra comunidad autónoma o para el Estado, o simplemente que vivan en otras regiones del territorio nacional.
La aplicación de estos criterios pretende fomentar la movilidad geográfica y funcional del personal al servicio de las Administraciones públicas, que en lo referente a la retribución deberían atenerse a las condiciones específicas de cada región.
Este pacto de movilidad se aplicará en Galicia, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y las ciudades de Ceuta y Melilla. Administraciones Públicas firmará convenio con todas ellas, aunque en ningún caso se modificarán las condiciones de acceso a la función pública establecidas en cada comunidad. Cataluña, por ejemplo, en los concursos en su territorio seguirá exigiendo el conocimiento del catalán.
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