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Un Gobierno que introduce cambios en las leyes de todos los grandes impuestos mediante una especie de cajón de sastre, adjuntado a los Presupuestos Generales del Estado, resulta, a la vista de un observador desapasionado, poco previsor. Pero si además de las leyes referidas a los impuestos de sociedades, al IRPF, al IVA, a los impuestos especiales y a los impuestos de sucesiones, modifica más de 30 leyes, unos cuantos decretos, otros tantos reglamentos y además incluye la transposición de varias directivas y reglamentos europeos, el ciudadano es muy dueño de sospechar, cuando menos, que su Gobierno es también chapucero.
La Ley de Acompañamiento sirve en ocasiones para perfilar, acotar, o incluso arreglar textos legales en uso. Y ése es su empleo correcto. Sin embargo, en demasiados casos es un batiburrillo que hace modificaciones legislativas de gran calado y, lo que es peor, aparentemente normas diseñadas con destinatarios específicos.
La Ley de Acompañamiento no es privativa del Gobierno del PP ni debe ser rechazada en sí misma. Pero sí es una aberración el uso que los Ejecutivos hacen de ella. En las democracias, los ciudadanos ceden el poder al Ejecutivo para que proyecte y gestione leyes con el control parlamentario. La Ley de Acompañamiento es un amplio compendio que, además, suele recibir inclusiones y cambios -trascendentales para los sectores afectados- por la vía del Senado, a última hora y sin luz ni taquígrafos. De todo esto, que se repite año tras año, a la inseguridad jurídica hay una línea muy estrecha.
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