Según consultas realizadas por Europa Press, de las cinco autonomías socialistas, Castilla La-Mancha y Andalucía han sido las primeras en anunciar su 'no' más rotundo a la iniciativa del candidato del PP a las elecciones generales, una propuesta que ya se está tramitando en las comunidades gobernadas por el PP tal y como adelantó el propio Rajoy, para su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

En Andalucía, el PP-A presentó esta semanana una enmienda al proyecto de Ley de los Presupuestos de la Comunidad por la que planteaba la aliminación del impuesto a hijos menores de 21 años. En este caso, desde la Junta se ha mostrado el rechazo a tal iniciativa por cuestión del tramo de edad, puesto que el Gobierno andaluz ya ha ido suprimiendo progresivamente el impuesto en los últimos años.

Otra fórmula distinta ha utilizado el PP extremeño para llevar a cabo la medida adelantada por Rajoy. El partido, por boca de su presidente, Carlos Floriano, anunció el martes la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento regional que tiene como objetivo la eliminación del impuesto.

"Tratar igual a los desiguales"

El mismo día, el portavoz del Gobierno de la Junta de Extremadura, Manuel Amigo, mostró su desacuerdo con esta supresión progresiva del impuesto, al afirmar que sería "una manera de tratar igual a los desiguales", pues "quien obtenga grandes fortunas no pagará y los que tienen poco lo harán con sus sueldos". De cualquier forma, recordó que se trata de una tributación estatal donde las CCAA solo tienen competencia para la gestión, por lo que pidió a Rajoy que debata la medida en el Congreso de los Diputados.

La misma fórmula que el PP extremeño utilizaron los 'populares' en Castilla-La Mancha, instando al Gobierno regional a la eliminación progresiva del impuesto. Inmediatamente, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes manchegas, José Molina, rechazó tal extremo por considerar que éste solo pretende "hacer un favor a la medida chapucera y preelectoral" de Rajoy, y que es el Gobierno central quien debe acometer la reforma, mediante un mecanismo de compensación a las autonomías, postura en la que coincidió con el consejero Portavoz del Gobierno manchego, Emiliano García-Page.

Por otro lado, en Asturias, el Grupo Popular ha presentado también una proposición no de ley para pedir la eliminación progresiva del Impuesto, a lo que el Gobierno del Principado se ha negado igualmente, y la cual impedirá mediante su mayoría absoluta en el Parlamento asturiano.

En Aragón, el caso ha sido distinto, puesto que el Gobierno PSOE-PAR ha presentado una iniciativa para suprimir la tributación de sucesiones solo para determinados sectores de la población, en concreto para los menores de 18 años y los discapacitados. No obstante, ha rechazado, al igual que ya lo hizo en el mes de enero y el pasado 19 de septiembre, la supresión propuesta por el PP, que excluiría del pago a los hijos y cónyuges y, de manera inmediata, a las herencias efectuadas a favor de los hijos menores de 21 años.

De hecho, la continua negativa de los socialistas aragoneses de aceptar las propuestas del PP llevó al portavoz popular de Economía en las Cortes de Aragón, Manuel Guedea, a considerar la última propuesta del Ejecutivo de Marcelino Iglesias, como "una rebaja de juguete", al compararla con iniciativas como las de Andalucía para eliminar el impuesto.

Madrid y Cataluña

Fuera de las autonomías del PSOE, en Cataluña y Madrid, comunidades embarcadas en sendos periodos electorales, la postura de los socialistas es similar. En Madrid, la candidata del PP a la Presidencia, Esperanza Aguirre, anunció el martes la supresión del Impuesto de sucesiones si su partido ganara las elecciones del 26 de octubre, recordando que el año pasado supuso un gasto para los ciudadanos madrileños de 149 millones de euros.

La respuesta de Rafael Simancas, candidato socialista, y Fausto Fernández, candidato de IU, no se hizo esperar, y ambos alegaron que tal medida beneficiaría a las grandes fortunas. Fernández fue más allá y prometió que con los 360 millones de euros de euros anuales que se recaudan por la tributación, construirá 250 casas infantiles y 100 casas de niños, si gana las elecciones.

Mientras, en Cataluña el candidato de CiU a la Generalitat, Artur Mas, coincidió con el secretario general del partido, Josep Antoni Duran Lleida, al condicionar la eliminación del impuesto a que el PP acepte un sistema de financiación para la Comunidad basado en el concierto económico. Desde el PSC, el portavoz de Asuntos Económicos, Martí Carnicer, abogó por modernizar el impuesto en vez de eliminarlo, ya que la propuesta de Rajoy provocaría "una injusticia desde el punto de vista fiscal.