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El proyecto de Presupuestos Generales para 2004 aprobado ayer por el Gobierno tiene tinte continuista. Sería de agradecer si la razón estribara en evitar la tentación despilfarradora típica de años electorales. Pero en las autoridades sigue pesando más la estricta disciplina que una interpretación práctica y coherente de la estabilidad presupuestaria. El Pacto de Estabilidad exige que el déficit público no supere el 3% del PIB, no un déficit cero. Sin perder el control de las cuentas, un endeudamiento moderado -con objetivos sólo inversores- liberaría fondos para incidir en la modernización de la economía española. Se trata de una necesidad indiscutible. Un aumento de la inversión en infraestructuras del 6,4%, frente al 8,3% de 2003, no va en este sentido. Pero el Gobierno español se empeña en ser el primero de la clase, cuando la coyuntura internacional aconseja toques de flexibilidad en las cuentas públicas.
Los principales servicios de estudios privados consultados por este periódico consideran vital para 2004 un incremento sustancial de las inversiones públicas para apuntalar la esperada reactivación económica internacional. Es el momento de aprovechar los ocho años seguidos de crecimiento que le gusta recordar al Ejecutivo. Con el 3% previsto para 2004 sería el noveno. Es obligación del Gobierno aprovechar esas fortalezas para crear más empleo y eliminar debilidades de la economía. Las carencias en investigación, desarrollo e innovación, como en infraestructuras o protección social son flagrantes, y siguen entre las prioridades. Aun así, los mayores crecimientos del gasto se destinan a interior y seguridad ciudadana y justicia, un reflejo de las demandas ciudadanas y de la situación del país.
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