Tras recordar que se trata de un compromiso electoral del PP, Rajoy precisó que los "hijos, descendientes y adoptados" se verán exentos del impuesto a partir del próximo 1 de enero, mientras que para los descendientes directos mayores de dicha edad y los cónyuges, la supresión "será progresiva: del 25% en el año 2005, del 50% en el 2006 y total en el 2007.

Esta medida será aplicada por todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP; en las demás, los populares se comprometen a presentar mociones en sus respectivos parlamentos. Según Rajoy, la medida supondrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros anuales para las personas que habitan en comunidades gobernadas por su partido, y subrayó que si fuera adoptada por todas las autonomías, el ahorro para los contribuyentes "superaría los mil millones de euros".

Apuntó que esta nueva iniciativa se suma a la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas y las dos reformas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que han supuesto un ahorro de 8.600 millones de euros para los contribuyentes. Rajoy explicó que la propuesta de suprimir el impuesto de sucesiones es fruto de la convicción del PP de que se trata de un tributo "injusto e ineficaz" ya que desincentiva el ahorro de las familias, supone una doble imposición sobre la renta y discrimina a los ciudadanos por razón de su residencia, dado que algunas comunidades no lo aplican.

"Es una muestra más de nuestra voluntad de profundizar en las medidas para disminuir la presión fiscal, porque estoy convencido de que la reducción de impuestos estimula la iniciativa privada", afirmó. En la reunión, que se celebró a puerta cerrada salvo las intervenciones finales, también intervino la candidata a la Presidencia de Madrid, Esperanza Aguirre, quien aseguró que con esta medida, el PP pretende acabar "con el problema familiar y humano" que genera este tributo, además de favorecer el ahorro y la creación de empleo.

En la reunión en la sede nacional del PP también tomó la palabra el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Josep Piqué, quien pidió al Gobierno catalán que "ejercite el autogobierno del que dispone, que es amplísimo" y apruebe la supresión del impuesto de sucesiones que, dijo, supondría un ahorro para los catalanes de unos 200 millones de euros anuales.

Piqué criticó la "contradicción flagrante" de los nacionalistas al señalar que sólo están dispuestos a eliminar ese impuesto si el Estado les compensa por ello y negó que la supresión pueda poner en riesgo el equilibrio presupuestario, ya que "estamos hablando de apenas un 1% del total del presupuesto de la Generalitat, que será compensado con la mejora de la situación".