El diputado socialista Francisco Amarillo explicó ayer que para abaratar los precios de los alimentos de los consumidores y eliminar las tensiones inflacionistas derivadas de la alimentación, la iniciativa contempla en primer lugar la creación de marco administrativo que unifique todos los observatorios de precios de alimentos oficiales.

A cambio de seguir una autodisciplina de precios finales en las que éstos no superen en más de un 80% el precio en origen, las empresas de distribución podrán beneficiarse de desgravaciones fiscales de hasta un 30% en el Impuesto de Sociedades y de Deducciones en el IRPF del 25% sobre los ingresos de ventas.

Entre los mecanismos para avanzar en la moderación de precios alimenticios, la proposición incluye un etiquetado para la trazabilidad del precio del producto agrario desde la explotación hasta el establecimiento, que precise las variaciones de precios y las fechas durante dicho recorrido.

Amarillo aseguró que la iniciativa socialista, consensuada con las organizaciones agrarias COAG y UPA y con la pequeña y mediana distribución, "beneficia a todos", a los consumidores y al conjunto de la economía, al servir de "vector permanente" para moderar la inflación y aumentar la competitividad española en el seno de la UE. "La ley puede resultar compleja, pero es muy eficaz", aseveró.

Empresas de distribución

Asimismo, el diputado confió en que las grandes cadenas de distribución se incorporen a la autorregulación de precios alimenticios. "Algunos grupos grandes han estudiado la iniciativa y no les disgusta", dijo Amarillo, en alusión a Carrefour y El Corte Inglés.

"Si la ley no tuviera la acogida de otros grupos la llevaríamos a cabo en la próxima legislatura cuando gobierne Rodríguez Zapatero al frente del PSOE", confió el diputado, para quien esta propuesta es un "imprescindible" marco legal para contrarrestar el comportamiento inflacionista de los alimentos en el que se podrían introducir mejoras posteriores.

Para Amarillo, las grandes diferencias de precios entre los productos alimenticios en origen y destino generan una grave distorsión en el mercado, que desincentiva por un lado las producciones agrarias por los bajos precios percibidos, e introduce, por otro, "una injustificada tensión inflacionaria" que debilita el conjunto de la economía y erosiona la renta de los ciudadanos.

La intervención de los poderes públicos en la oferta alimentaria "está justificada", según el PSOE, por la singularidad de los costes y estacionalidad de la producción, a lo que se añade la progresiva concentración empresarial de la distribución y comercialización, que "puede propiciar prácticas oligopolísticas en perjuicio de productores y consumidores que conviene tanto prevenir como erradicar".