Así, el comprador de una vivienda de 240.000 euros deberá destinar 36.000 euros al pago de tributos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y Actos Jurídicos Documentados.

La mayor parte de este coste impositivo en la compra de un piso, hasta el 41,4% del total corresponde al pago del IVA y el 25% se destina al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.

Los expertos del REAF calificaron de "ilógico" el peso de este último tributo autonómico ya que, según denunciaron, es recurrente (se abona en hasta seis ocasiones en función del proceso de construcción y venta que siga el inmueble), todas las comunidades lo han duplicado en los últimos años y además no grava ningún tipo de renta o plusvalía sino la realización de un papel o trámite administrativo.

Por ello, el Registro de Economistas solicitó al Gobierno que "reconsidere y limite" el concepto y cobro de este gravamen para reducir su peso en la formación del precio final de compra de una vivienda.

Para el presidente del REAF, Valentí Pich Rosell, una menor carga fiscal no se traduce de forma automática en un menor precio de la vivienda, si bien los impuestos "constituyen una variable más, aunque no la más importante, en la formación del precio final".

Incentivos al alquiler

El estudio destacó también el papel de la fiscalidad como instrumento para dirigir el mercado de vivienda y para incentivar el de alquiler, dada la actual coyuntura de difícil acceso a la vivienda y escasez de pisos en renta.

En este sentido, el Registro de Economistas propuso la articulación de una deducción por inversión en viviendas de alquiler en el Impuesto de Sociedades con el fin de incentivar que todo tipo de empresas y no sólo promotoras y constructoras destinen sus plusvalías a la promoción y gestión de pisos en renta.

Los economistas estima esta medida como complementaria a las recientemente aprobadas por el Gobierno para las empresas del sector por considerar que, en su opinión, no están teniendo "gran efecto" dadas las "restricciones y condicionantes que presentan" como la obligatoriedad de construir al menos diez viviendas y que éste cuenten con una superficie determinada, entre otras.

Además, el REAF apuesta por recuperar las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al inquilino, al considerar que el Estado podrá recuperar esa menor recaudación con el mayor número de contratos de alquiler que se declararán.