Ante las quejas de los contribuyentes llegadas a la institución el Defensor ha concluido que el impuesto sucesiones necesita una reforma que cubra las actuales deficiencias técnicas. Al tratarse de un tributo estatal, aunque cedido a las comunidades autónomas, debe ser el propio Estado quien inicie el proceso reformador y no que las comunidades decidan sobre un impuesto que no les pertenece, agrega el Defensor.
De lo contrario, 'nos encontraríamos con la aplicación desigual' de un mismo impuesto en todo el país, aunque el principio de autonomía financiera lo permita.
A juicio de la institución, la normativa actual provoca que los verdaderos contribuyentes del impuesto sean herederos que han recibido patrimonios medios o bajos y que no disponen de los recursos necesarios que les permita crear la estructura empresarial para eludir el gravamen.
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