A los trabajadores que adelantan su jubilación se les aplica un coeficiente reductor en su pensión por cada año que ha dejado de cotizar a la Seguridad Social. Anteriormente a la entrada en vigor de la Ley de Jubilación Gradual y Flexible, el coeficiente que se aplicaba por cada año que el interesado dejase de trabajar por adelantar su edad de jubilación era mayor que los que se aplican en la actualidad como consecuencia de la entrada en vigor de esta norma.

Al no tener carácter retroactiva esta ley, esta mejora no se ha aplicado por tanto a aquellos que se vieron expulsados del mercado laboral con anterioridad a su entrada en vigor. Es por ello, que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo pretenden que el documento final incluya una recomendación para corregir los agravios comparativos de algunos colectivos de prejubilados que, en igualdad de condiciones, reciben distinta cuantía en su pensión por aplicárseles distintos coeficientes reductores.

El portavoz del PP en la Comisión no Permanente, Tomás Burgos, indicó que la idea de corregir la situación de algunos colectivos de prejubilados que se ven en una situación diferenciada en función de su fecha de prejubilación, lo que ha incidido también en que reciban pensiones de diferente cuantía. "Hay que profundizar en la corrección de estos desequilibrios con especial énfasis en aquellos trabajadores que están en especial situación de necesidad con el objeto de mejorar sus expectativas de pensiones", afirmó el diputado popular.

"Vamos a intentar encontrar alguna fórmula con la que esta situación pueda corregirse", afirmó Burgos, a la vez que indicó que la medida que finalmente se acuerde para corregir esta situación se deberá negociar con los agentes sociales, asociaciones que representen a este colectivo. "Queríamos que el Pacto de Toledo fuera sensible a esta situación y encomendara de alguna manera al Gobierno de turno que estudiara esta problemática", agregó.

En la misma línea se mostraron la representante del PSOE en la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, y su homólogo de IU, Antero Ruiz, quienes respaldaron la idea de corregir estos agravios comparativos en el colectivo de prejubilados. No obstante, la diputada socialista precisó que en la reunión de ayer se han acercado posiciones en torno a esta cuestión, si bien no se ha llegado a formalizar y redactar dicha recomendación.

Por otro lado, los representantes de la Comisión del Pacto de Toledo coincidieron en señalar que el borrador final del que surgirá el documento que renueve el pacto logrado en 1995 se remitirá a los partidos políticos con representación parlamentaria en "cuestión de días" para su posterior remisión a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, con el objeto de que sea aprobado por el Pleno del Congreso en la primera quincena de octubre.

Limitación de recursos

El Pacto de Toledo limitará también los recursos públicos destinados a las prejubilaciones, aunque aún se está revisando la edad fijada para la jubilación, según declararon ayer los portavoces del Grupo Popular y CiU en la Comisión no Permanente del Pacto, Tomás Burgos e Inma Riera.

Para Burgos, lo que se quiere es intentar evitar el abandono "prematuro" de los mayores de edad del mercado de trabajo. El diputado del PP señaló que se quiere "acercar la edad real a la edad legal" de jubilación para "frenar esa expulsión de personas mayores de edad" de sus puestos de trabajo. Indicó que "hay mucho que avanzar por discriminación de edad", y no solo por razón de sexo, etnia o nivel cultural, y para ello, la Ley de Jubilación Gradual y Flexible, aprobada por el Gobierno en esta última legislatura y pionera en Europa -apuntó-, ha beneficiado este aspecto.

Burgos subrayó que las prejubilaciones y las políticas de incorporación de la mujer al mercado de trabajo es lo "más relevante" para su grupo que se ha incluido en la reedición del Pacto de Toledo que se está ultimando.

La portavoz de CiU, Inma Riera, destacó que la recomendación para limitar los recursos destinados a las prejubilaciones se debe a que, desde el Pacto de Toledo, se defiende un uso "moderado" de los recursos, y "no de la manera que se ha hecho en los últimos años".

Riera afirmó que "aún no se ha visto" la recomendación sobre la gestión y la descentralización del sistema de la Seguridad Social, que es una propuesta "sumamente importante" para CiU, porque recoge los objetivos en materia de Seguridad Social, tanto en el ámbito de la gestión como en el de las competencias, que su formación quiere.

Por su parte, el portavoz socialista en la mesa del Pacto de Toledo, Tomás Rodríguez Bolaños -que sustituyó en la reunión de esta mañana a Isabel López i Chamosa- apuntó, a propósito de las prejubilaciones, que "existen muchas disparidades entre los grupos" pero que "estamos en la recta final" y "nos falta muy poco para dar el carpetazo".

Los portavoces de la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo se reunieron ayer para ultimar el borrador y las recomendaciones del texto, y también lo harán hoy para terminar de manera "casi" definitiva el documento que se presentará a mediados de mes -en torno al 17 o al 18 de septiembre- de manera oficial.