Sesenta entidades, entre grandes empresas, bufetes, Cámaras de Comercio y comunidades autónomas, se unen para intentar que los partidos políticos atiendan sus peticiones.
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El Foro de la Firma Electrónica, formado por 60 entidades, entre empresas, despachos e instituciones territoriales, ha enviado a los diferentes partidos políticos sus propuestas de enmiendas al proyecto de ley que regula la seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
En sus propuestas de enmiendas el Foro pide a los partidos políticos que el futuro Documento Nacional de Identidad Digital no incluya la firma electrónica de documentos. Los miembros de este grupo muestran su preocupación por la incidencia que pudiera tener el DNI en la competencia del mercado que forman las distintas entidades de firma electrónica. “Si el ciudadano se fija en el DNI ya no necesitará ninguna entidad de firma electrónica”, afirman las fuentes del sector consultadas por EXPANSIÓN. El Foro entiende además que este nuevo documento de identidad debe ser regulado en una ley específica, “puesto que afecta a los derechos fundamentales” de la persona.
El proyecto de Ley de Firma Electrónica, que ya ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados, fija que el nuevo DNI “acredita la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo” -como hasta ahora- y “permite la firma electrónica de documentos”.
Aval bancario
El Foro pide al Congreso de los Diputados que elimine de la norma la exigencia a las entidades certificadoras de depositar un aval bancario o seguro de caución que, como mínimo y según la ley, debe ser de tres millones de euros para afrontar la responsabilidad por daños y perjuicios. El documento en el que se explican las propuestas de las sesenta entidades, que incluye desde empresas, bancos y grandes despachos de abogados hasta comunidades autónomas, pide que no se consigne una cifra concreta para asegurar la responsabilidad de la entidad. Más bien, el Foro plantea a los partidos políticos que la garantía exigida a los prestadores de servicios de certificación “se limite a un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo con criterios actuariales o de mercado”.
El Foro entiende también que el proyecto de Ley de Firma Electrónica introduce inseguridad jurídica entre los usuarios. Hay que tener en cuenta que, a partir de este mes, las empresas pueden operar por Internet con proveedores y clientes a través de la firma electrónica, y que Hacienda, que es el escalón más avanzado de la Administración en la utilización de Internet, también admitirá todas las firmas que reúnan las condiciones adecuadas.
Inseguridad jurídica
El Foro lamenta que la nueva ley de Firma Electrónica no mencione cuál es el órgano administrativo “competente” que va a determinar la clase de infracción sobre la entidad que incumpla la ley. “Nos encontramos por tanto ante una situación que propicia la inseguridad jurídica” en el sector de la firma y la certificación electrónica. La norma autoriza a imponer “multas coercitivas” de hasta 6.000 euros por cada día que transcurra sin que la entidad cumpla las medidas provisionales.
Otro elemento de la nueva norma que las diversas entidades del Foro aprecian que también puede introducir inseguridad jurídica en los usuarios es la posibilidad de que las Administraciones Públicas modifiquen las condiciones de la firma electrónica en determinados casos. Entre los miembros del Foro de la Firma Electrónica están el banco SCH, Deloitte & Touche, Garrigues, Landwell, Siemens, las Cámaras de Comercio y las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, País Vasco y Valencia.
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