El fuerte encarecimiento de los precios de la vivienda, que crecieron un 8% entre enero y junio, se incrementaron a ritmos superiores al 18% en el año 2002 y suman ya cinco ejercicios de fuertes escaladas, se ha convertido en un problema de urgente solución.
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Y en ese empeño deben unir fuerzas el Gobierno central, incrementando su presión a los ayuntamientos para acabar con la especulacion inmobiliaria; las haciendas locales, por medio de una diversificación de sus fuentes de ingresos, principalmente a través de la vía tributaria, que les permita subsistir presupuestariamente sin necesidad de espolear los precios del suelo; y, por supuesto, cada uno de los departamentos ministeriales. La nueva medida anunciada por el Ministerio de Hacienda responde a la decisión de aportar su particular apoyo en esta dirección.
El objetivo es sacar de la capital las sedes administrativas que no presentan una necesidad evidente de permanecer en el centro de Madrid porque no tienen servicio de atención al público. La iniciativa para poner coto al despilfarro de metros cuadrados exhibido en los últimos años por las oficinas y edificios públicos no sólo es un signo. Su importancia cuantitativa es también relevante.
Los poderes públicos ocupan más de 40.000 inmuebles por toda España sin contabilizar las instalaciones del ente que gestiona las infraestructuras públicas (GIF), Renfe o el resto de empresas públicas. De cumplirse los pronósticos, un diez por ciento podría salir al mercado. La prioridad es destinar estos inmuebles a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
Además, para garantizar que el precio de estos nuevos pisos no se dispare, la venta se realizará por concurso, con el precio prefijado, y no a través del habitual sistema de subasta que permite un incremento de los precios según la puja de los postores. Esta nueva oferta constituiría un buen acicate para la eliminación de parte de las tensiones que soporta el precio de la vivienda, principalmente en el centro de las ciudades.
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