El diputado cántabro, sustituto desde hace más de un mes de la secretaria general del partido en esa Comunidad, Dolores Gorostiaga, denunció que la Ley General de Subvenciones se dotó "deliberadamente" de un texto "confuso y opaco" para ampliar los márgenes de discrecionalidad en el procedimiento de concesión y reparto a los posibles beneficiarios.

También se quejó de que no establece órganos de control y seguimiento en la justificación del gasto; "estrecha al mínimo" las posibilidades de recursos ante los órganos administrativos y judiciales, y plantea la distribución de sus presupuestos en términos exclusivamente financieros sin tener en cuenta la dimensión legal del derecho de las asociaciones a recibir dinero del Estado.

Además, en su opinión la norma "roza un conflicto de constitucionalidad", al interferir en el principio de descentralización y las competencias autonómicas en la adopción de criterios propios en la gestión del dinero público destinado a subvenciones a entidades diversas, señaló.

Carrera destacó la ausencia de mecanismos de participación social e institucional en la redacción y tramitación de la Ley General de Subvenciones, que fue aprobada recientemente por el Gobierno y que ya superó el primer trámite en el Congreso con los votos de PP y CC.

A su juicio, estas "urgencias" legislativas "vienen caracterizando al Gobierno de la Nación en el último año" y, en este caso concreto, provocó la "marginación" del Consejo de Estado, de las propias Comunidades Autónomas, las Federaciones de Municipios, las ONG,s y el conjunto de los agentes sociales y económicos que pudieran verse afectadas por esta iniciativa. "Todo ello ha acabado reproduciendo los vicios que existían en la dispersión normativa que regulaba con anterioridad los contenidos de la ley que acaba de ser aprobada", concluyó.