El Gobierno, con esta iniciativa, pretende mejorar la transparencia, estableciendo la creación de una base de datos nacional en la que se incluirán todas las subvenciones que concedan las Administraciones Públicas, lo que permitirá la coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas.

El PSOE argumentó su petición de devolución en la "precipitada" tramitación que se quiere imponer a este proyecto de ley a través del procedimiento de urgencia. Igualmente, criticó la "escasa" participación que las comunidades autónomas tuvieron en el desarrollo de este texto cuando les afecta directamente a la regulación y ejercicio de sus competencias.

Los socialistas sostienen que el texto, lejos de articular un mínimo común garantizador de estabilidad y coordinada actuación de todas las administraciones implicadas, consagra la posibilidad de "conflicto" y su perpetuación en esta materia.

Además de la enmienda a la totalidad presentada, el PSOE solicitó amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados al detectar una irregularidad en el procedimiento en el proyecto de Ley de Subvenciones pues, según los socialistas, el apartado relativo a las subvenciones a partidos políticos "modifica" la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, por lo que debe elevarse el rango del proyecto de Ley y adoptar carácter orgánico, lo que implica que necesitaría el aval de la mayoría absoluta de la Cámara para su aprobación.

Objeto de controversia

Izquierda Unida rechazó igualmente el proyecto de ley y pidió su devolución al Gobierno por entender que pretende "armonizar" desde el Ministerio de Hacienda "cualquier criterio" de subvención, cuando éstas se ceden en función de distintas circunstancias y como tal deben tener un tratamiento diferente. "Aplica unos criterios generales a las subvenciones cuando no todas obedecen a la misma finalidad", señalaron fuentes parlamentarias de esta formación.

Tampoco CiU admitió el texto porque "invade" y "vacía" de competencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos, hasta el punto que promueve la "involución" del proceso autonómico. Además, criticó que en su tramitación no se tuviese en cuenta ni a las CCAA, ni a las asociaciones, ni a sectores afectados por la concesión de subvenciones de todas las administraciones públicas.

Por su parte, el PNV justificó su rechazo al proyecto de Ley de Subvenciones por su carácter "centralista" que "impone" la política de estabilidad anulando la autonomía "política interna" de las comunidades autónomas. En opinión de esta formación, el texto del Gobierno esconde un "fraude" al intentar dar un tratamiento "unitario y homogéneo" desde la Administración del Estado, "absorbiendo" los ámbitos autonómicos.

De la misma opinión es el Bloque Nacionalista Gallego, formación adscrita al Grupo Mixto, que consideró que el texto del Gobierno "recorta" competencias autonómicas en materia de autoorganización, autonomía financiera y establecimiento de sus propias normas procedimentales más allá de lo permitido por una jurisprudencia constitucional delimitadora de las competencias estatales y autonómicas en materia de subvenciones.

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya rechazó el texto alegando que recoge la "experiencia estatal" en materia de subvenciones y pretende aplicarla a las administraciones autonómicas y locales cuando entre las actividad subvencionadora estatal y las corporaciones locales existe una "gran distancia".