Reino Unido parece haber encontrado un buen camino. Cuando menos curioso. Bajo el paraguas de evitar la discriminación por cuestión de edad, el Gobierno británico se plantea prohibir a las empresas que impongan jubilaciones a determinada edad u optar por colocar directamente el listón del sector privado en los 70 años.
No se trata de cambiar la edad de jubilación oficial, la fecha en que uno puede solicitar la pensión pública. Un anuncio así sería un suicidio político para Blair y para cualquier otro. Bajo la argumentación de “ofrecer más posibilidades de elección y flexibilidad”, el Ejecutivo británico busca frenar las prácticas de jubilaciones anticipadas y fomentar el retraso de las jubilaciones en el sector privado más allá de los 65 años. Ése fue su objetivo cuando hace unos meses anunció un incremento gradual de las pensiones públicas para aquellos que trabajasen más allá de los 65 años y elevó la jubilación de los funcionarios de 60 a 65.
Y ése es su objetivo ahora. Porque si las compañías suben el listón hasta los 70 años como fecha normal de retiro, también los planes de jubilación para sus empleados tendrán esa fecha como referencia, e irse antes con la pensión pública –que se seguirá pagando a los 65 años– supondrá dejarse en el camino un buen pellizco.
El Gobierno de Blair apunta en la dirección correcta. Sólo hay dos objeciones. Una, que la reforma dispare todavía más las demandas judiciales entre empresarios y empleados por temas de discriminación por edad, un asunto siempre difícil de dilucidar.
Y dos, que la búsqueda de vías intermedias y pequeños pasos puede ser factible y más práctico, pero denota una falta de valentía política en un país en el que los expertos llevan ya un tiempo aconsejando al Gobierno elevar la edad de jubilación para atajar el agujero de las pensiones. Un agujero que, todo hay que decirlo, es bastante menor que el de otros grandes países europeos.
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