Rodríguez Ponga afirmó que en el actual ejercicio se ha registrado un incremento en la recaudación del 7,7% en el primer semestre, ingresando 2.000 millones de euros más de lo presupuestado para ese período, con lo que Hacienda espera cumplir con el compromiso de equilibrio presupuestario en 31 de diciembre.

Para el Secretario de Hacienda las recomendaciones fiscales del Consejo Económico y Social (CES) pertenecen a política económica "obsoleta". En este sentido, aseguró que se refiere a una política anterior al año 1996, de déficit presupuestario estructural, con la que el Estado tendría hoy, aseguró, una deuda pública equivalente al 90% del PIB y no el 54% actual. "Es precisamente la política de equilibrio presupuestario la que ha permitido liberar recursos para dedicarlos a inversión pública y al gasto social", enfatizó.

Ley tributaria

Rodríguez Ponga defendió el modelo económico y fiscal aplicado por el Partido Popular que se verá culminado con la aprobación, en breve plazo, de la Ley General Tributaria por el Parlamento español. A su juicio, el modelo "ha funcionado", dado que ha permitido al país crecer por encima de la media europea y crear más empleo, al tiempo que el Estado recauda más, pese a rebajar los impuestos, e incrementar los recursos que se destinan a inversiones y gasto social.

Tras destacar que la Agencia Tributaria es puesta "como ejemplo" por parte del propio Fondo Monetario Internacional, Rodríguez-Ponga se refirió a la Ley General Tributaria como culminación de la "segunda reforma fiscal", que ha llevado la estabilidad a la fiscalidad de Estado, Comunidades Autónomas y Haciendas Locales.

En este sentido, destacó la importancia de este texto legal, por cuanto son "las reglas del juego", a través de las cuáles se pueden aplicar el resto de la reformas, y recalcó que el proyecto de Ley está correctamente tramitado, con un amplia participación y con consulta a las instituciones que debían revisar el texto, según confirmó el propio Consejo de Estado, dijo. Además, desmintió que la Asociación de Inspectores Fiscales no fuese consultada y remarcó que, de hecho, se pidió su opinión en tres ocasiones, en dos de las cuales llegó a emitir informe.

Recordó, finalmente, los objetivos de la Ley General Tributaria, con especial énfasis en la disminución de los conflictos en materia tributaria. En este sentido, confió en que mediante el procedimiento abreviado que permitirá que un órgano unipersonal resuelva en seis meses los conflictos de menor cuantía (el 43% de los cerca de 150.600 presentados en el 2002) y con la creación de las actas de acuerdo entre reclamante y administración, se ayude a liberar a los tribunales de buena parte de la carga de trabajo.

Por último, Rodríguez-Ponga resaltó que la Ley General Tributaria es un texto "equilibrado", que recoge los derechos y garantías de los ciudadanos y sobre la que se busca la mayor aceptación social posible. Además, destacó la "laboriosidad" que ha requerido su confección, en la que han trabajado más de 100 especialistas desde junio del 2000.