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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

7 de julio de 2003    


Los peligros de la rigidez fiscal

José Antonio Vega / MADRID

El equilibrio de las cuentas fiscales ha sido un objetivo permanente de la política económica europea y española en la última década. Los objetivos del Pacto de Estabilidad de la UE han sido llevados al extremo por el Gobierno Aznar. En su afán por cumplir con las normas de ingreso en la unión económica y monetaria, la Administración española no sólo logró ese objetivo, sino que lo amplió hasta alcanzar el déficit cero en los últimos dos ejercicios. Esta política, cuestionada por la oposición, comienza a ser criticada también en otros países de Europa. Y no por casualidad. La crisis y el peligro de deflación impulsa la idea de aflojar el corsé fiscal para empujar hacia adelante a la alicaída economía mundial.

Cuando José María Aznar llegó al poder en la primavera de 1996, una de sus primeras decisiones fue crear una Oficina Presupuestaria para disciplinar gastos e ingresos. De esa manera, el nuevo presidente dio la primera señal de que sus promesas de campaña se convertían en hechos de Gobierno.

Siete años después y tras dos ejercicios con las cuentas fiscales en equilibrio, la coyuntura económica internacional y el retraso tecnológico, sanitario y de infraestructuras de España con relación a la Unión Europea han abierto un serio debate sobre las ventajas y desventajas de mantener el déficit cero.

La base de esta idea fue enunciada en vísperas del triunfo del PP por el actual consejero del Banco Central Europeo, Eugenio Domingo Solans, entonces alto cargo del Banco de España. 'En el corto plazo la consecuencia inmediata más visible (del déficit) es su contribución a la génesis de la inflación; (...) las consecuencias de la política fiscal sobre la inflación dependen de la actitud que tome la política monetaria. Sin embargo, con la moneda única, el riesgo inflacionista de la política fiscal se multiplica al perder la política monetaria nacional su capacidad de contención valiéndose de subidas de tipos'.

Esta línea argumental estaba muy arraigada en Europa. En ella se ha inspirado el Pacto de Estabilidad de la UE. Y encuentra también hondas raíces en los trabajos académicos de economistas estadounidenses. Aunque no, claro está, en la práctica de los Gobiernos de Washington que, sin embargo, alientan al resto del mundo en políticas de equilibrio fiscal extremo.

Sobre esta base teórica, el Gobierno de Aznar logró que las cuentas públicas españolas cerraran en completo equilibrio en 2001. La economía entraba así, según el discurso oficial, en una 'virtuosa' espiral de bajada del precio del dinero, control de la inflación y fuerte generación de empleo.

 
En momentos de escaso dinamismo de la actividad, el Estado debe asumir el papel que le brinda la posibilidad de incrementar su déficit fiscal

 
Pero España, en estos años, no sólo se adecuó al Pacto de Estabilidad que obliga a los países miembros a alcanzar rápidamente el equilibrio presupuestario como la mejor contribución a la estabilidad macroeconómica. Aznar fue más allá. Además de llevar las cuentas públicas al equilibrio por obligación con la UE, el Gobierno decidió, por convicción, que había que eliminar totalmente el déficit, pues así se ejercería un efecto dominó sobre el crecimiento económico y la generación de empleo.

Esta doctrina no encuentra grandes inconvenientes en la financiación del déficit con deuda pública emitida en condiciones de mercado. Si bien, como señala el profesor Juan Iranzo, del Instituto de Estudios Económicos, en el caso de España esta 'captación se hace en una economía con escasez de ahorro y eleva necesariamente los tipos de interés, el coste financiero de la actividad productiva y, por ende, la inflación'.

Desde este punto de vista, el riesgo es más dañino cuando los volúmenes de deuda pública alcanzan valores difíciles de costear, ya que acaparan la mayoría del ahorro privado y dejan sin posibilidad de reacción a la actividad económica, excepto que, en una espiral endiablada, sea el propio gasto público, generando crecimientos imparables de déficit y deuda, el que financie la economía. Peor, por tanto, el remedio que la enfermedad.

El Gobierno aplicó con vehemencia estos criterios doctrinales del equilibrio presupuestario y logró equiparar gastos e ingresos en 2001, tras 25 años de saldos negativos. En 2001 y en 2002 el Estado, la Seguridad Social, las regiones y los ayuntamientos gastaron lo que ingresaron (déficit del 0,1% del PIB), y seguramente este año repetirán las cuentas por la buena marcha de las finanzas de la Seguridad Social. A la luz de estos resultados, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, cree que 'el beneficio más evidente del equilibrio es el mantenimiento de tasas notables de crecimiento y creación de empleo en plena crisis externa'.

Sin embargo, el lado oscuro de esta deriva, al menos en los primeros años de práctica de la doctrina, ha sido un descuido en los gastos de inversión, justamente el aspecto que más beneficia el aumento de la competitividad. Así lo evidencian los retrasos y dificultades en los planes de infraestructuras viales o los magros presupuestos para ciencia, tecnología y gastos sociales. O, a juicio de la oposición política, en la continuidad de las fallas del sistema de sanidad.

En estos aspecto, la política de equilibrio presupuestario a ultranza ha recibido serias críticas por parte de académicos independientes y, en particular, de los economistas de la oposición socialista.

Para Jordi Sevilla, responsable de la elaboración del programa del PSOE en las próximas elecciones, la política de déficit cero del actual Gobierno es nociva y contradice el espíritu del Pacto de Estabilización.

Crecimiento y gasto

Para Sevilla, el PP ha extremado el control del gasto más por una cuestión 'ideológica' que por razones económicas.

'Creo en el Pacto de Estabilidad. Estableció un tope al déficit del 3% y es un magnífico elemento de disciplina presupuestaria. Pero ese porcentaje se fijó para dar un margen a los países más atrasados de la zona para que pudieran acercarse a los más adelantados. Es decir, para que pudieran dedicar inversión a investigación y desarrollo, infraestructura, mejora del gasto familiar y de la productividad, etc., para acercase a las economías más desarrolladas de la UE'. A su juicio, la aplicación de la política del déficit cero es 'una tontería, ya que renunciar a ese margen de gasto, cuando España está por debajo de la UE en productividad, en investigación, en gasto social, en infraestructuras y en stock de capital público, supone atarnos de pies y manos en una carrera en la que partimos con retraso'.

Se trata de una 'operación ideológica en la que Montoro, heredero de un planteamiento que defiende la extrema derecha de EE UU y que no se aplica en ese país, quiere limitar el margen de actuación de la democracia'. En su opinión, además, 'no hay déficit cero, sino un déficit oculto del 2% del PIB, que se oculta al pasar determinados gastos como transferencias que no computan como déficit público y por otros mecanismos de contabilidad creativa'.

Como en otros países de la Unión Europea, el debate está servido. Y la crisis económica en aumento no hará sino azuzar estos enfoques antagónicos en el próximo periodo.



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