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Las quejas más duras parten del colectivo de los inspectores fiscales (representa a más de 1.500 funcionarios), que aseguran sentirse «mal pagados y poco considerados» por el actual equipo de este departamento de Hacienda. Los inspectores afirman que sus reivindicaciones no son sólo salariales y lamentan que el actual equipo de la Agencia ni siquiera les haya consultado su opinión en la mayor parte de las reformas legislativas (como la nueva Ley Tributaria) que se han puesto en marcha en los últimos meses, algo que sí hacía con asiduidad el antecesor en este cargo y actual presidente de la Sepi, Ignacio Ruiz Jarabo. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, insiste en que las denuncias de este colectivo, incluida la más reciente sobre la «obstrucción» de este ministerio en la lucha contra el fraude fiscal de las grandes fortunas, hay que enmarcarlas «dentro de un contexto de reivindicación salarial», en el que se han reclamado aumentos de sueldos cercanos al 25%. El conflicto con los inspectores se ha convertido en una bomba de relojería que puede estallar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si no toma medidas pronto para pacificar la Agencia Tributaria.
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