Este nuevo procedimiento, que supone vincular los gastos futuros al cumplimiento de los objetivos presentes, pretende mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y exigir una mayor corresponsabilidad por parte de los diferentes ministerios y entes públicos, dentro de la política de equilibrio presupuestario.

Por todo ello, la nueva Ley General Presupuestaria, que tiene como uno de sus principales objetivos la estabilidad presupuestaria, contempla la presupuestación mediante objetivos para mejorar la eficiencia del gasto público, en aquellas partidas presupuestarias en las que sea posible, como infraestructuras o inversiones. El texto incide en la racionalización del proceso presupuestario y busca una mejor asignación de los recursos públicos para aumentar su eficiencia y logar el equilibrio presupuestario.

Más libertad para gastar

Sin embargo, al mismo tiempo la nueva ley otorga a los diferentes ministerios y organismos autónomos una mayor flexibilidad en la gestión del gasto que tengan asignado, especialmente en todo lo que se refiere a la inversión. Así, podrán adecuar los créditos de que dispongan a las necesidades de cada momento y destinar el presupuesto sobrante de un programa que no se ha ejecutado completamente a otro proyecto diferente que lo necesite. De esta manera, los capítulos presupuestarios serán intercambiables siempre dentro de un mismo ministerio.

Esta mayor elasticidad del gasto para los centros gestores va acompañada en la nueva norma de una mayor responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos fijados. Hasta ahora, no se permite pasar inversiones de un apartado a otro de los presupuestos según las diferentes necesidades de un ministerio. Además, la ley contempla también que determinadas actuaciones presupuestarias, como las modificaciones de crédito, puedan ser autorizadas por los diferentes ministros o incluso por los presidentes de los organismos autónomos del Estado (facultad que ahora está únicamente en manos del Ministro de Hacienda), lo que supondrá una mayor rapidez en la toma de decisiones.

En el mismo terreno de la mejora de la eficiencia, la nueva norma contempla que Hacienda, en colaboración con los demás ministerios, evaluará de forma continuada las políticas de gasto realizadas para garantizar que así se cumplen con los objetivos marcados y con el impacto socioeconómico previsto. En concreto, Hacienda realizará una evaluación continua y constante de las políticas de gasto de los diferentes departamentos, al objeto de evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados.

Compromisos de gasto plurianuales

Además de la mejora de la eficiencia del gasto público, la nueva norma se basa también en la plurianualidad de la elaboración de los presupuestos público. En este sentido, se contempla la posibilidad de que cualquier centro gestor adquiera compromisos de gasto plurianuales y los Presupuestos Generales del Estado se enmarcarán en los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de ingresos y gastos, que serán elaborados por Hacienda y aprobados por el Gobierno antes del 31 de mayo de cada año.

Estos escenarios, que estarán referidos a los tres años siguientes al de su aprobación, estarán orientados hacia el equilibrio presupuestario y en ellos las políticas de gasto determinan la asignación de recursos, la evaluación de la gestión y el logro de los objetivos. En estos escenarios plurianuales se detallarán también los objetivos marcados, los medios y actividades para llevarlos a cabo, los procesos inversores que se desarrollarán en el trienio y los indicadores de seguimiento que muestran cómo se van cumpliendo.

No obstante, la nueva ley no es de aplicación a las comunidades autónomas, ya que los gobiernos territoriales cuentan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Financiación de las Comunidades Autónomas para adaptar sus presupuestos al equilibrio.

Remanentes, al Tesoro

Otra de las novedades que incorpora el texto se refiere a la utilización de los remanentes de la tesorería de los organismos autónomos y otras entidades del sector público estatal. Con la nueva ley, Hacienda podrá pedir el ingreso en el Tesoro Público de la totalidad o parte de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entidades públicas que no sean necesarios para financiar su actividad.

La nueva Ley General Presupuestaria se apoya también en otro pilar básico como es la estabilidad presupuestaria. Por ello, la norma desarrolla el Fondo de Contingencia (2% del techo de gasto anual) contemplado en la Ley de Estabilidad. Igualmente, la ley contempla un mayor control de la gestión económico-financiera de la Intervención General del Estado, de tal manera que Hacienda realizará un control financiero permanente, que permitirá detectar los problemas en la gestión económico-financiera de forma inmediata, sin tener que esperar a los informes de cuentas anuales que realiza la auditoría pública.