La principal enmienda del Senado, incorporada definitivamente a la Ley, prohíbe a las sociedades cotizadas emitir sus participaciones preferentes -títulos similares a las acciones que dan derechos económicos pero no políticos- desde paraísos fiscales.

En un principio, el proyecto establecía esta prohibición sólo para las entidades de crédito, pero finalmente alcanzará a todas las sociedades cotizadas, que a partir de ahora deberán emitir sus participaciones preferentes desde España o desde algún país de la Unión Europea (UE) que no tenga la consideración de paraíso fiscal.

El nuevo texto legislativo indica asimismo que este tipo de títulos deberán cotizar en mercados secundarios organizados y no podrán superar el 30 por ciento de los recursos propios de la empresa, un límite que se ha impuesto conforme a las recomendaciones del Banco de España.

El PSOE se abstuvo en la votación de las modificaciones del Senado referentes a las participaciones preferentes, por considerar que la emisión de estos títulos debe reservarse exclusivamente al sector financiero, por ser el único sometido a una normativa de disciplina e intervención, apuntó la diputada socialista María Teresa Costa.

Sin embargo, el diputado y portavoz económico del PP Vicente Martínez-Pujalte consideró que las enmiendas introducidas en el Senado son "apropiadas y positivas" porque evitarán la discriminación del resto de las sociedades respecto a las entidades financieras.

La nueva ley también establece, entre otros aspectos novedosos, que todas las personas físicas y jurídicas deberán declarar cualquier movimiento de fondos en España que supere los 81.500 euros, y de salida al exterior superior a 6.000 euros.

Origen, destino y tendencia

Según esta norma, que se desarrollará en un posterior Reglamento, tendrá que declararse el origen, destino y tenencia de fondos, ya sean en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, denominados en cualquier moneda o en cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, como puede ser una tarjeta de crédito.

La Ley sobre prevención del blanqueo de capitales, que ahora deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, forma parte de un conjunto de iniciativas legislativas que tratan de aumentar la transparencia de los mercados de capitales y de las sociedades cotizadas.

En estos momentos se encuentran en tramitación parlamentaria el proyecto de ley del Mercado de Valores, que introducirá las recomendaciones de la Comisión Aldama sobre gobierno corporativo, y el proyecto de ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), para mejorar la transparencia de estos instrumentos financieros y la protección de los derechos de los pequeños inversores.