De momento, y tal como se desprende de las enmiendas presentadas por los grupos, las posiciones de los dos partidos mayoritarios sobre la dotación del Fondo de Reserva se presentan alejadas, pues el PSOE reclama que todo el superávit de la Seguridad Social se destine a dicho fondo, idea que el PP rechaza. Por su lado, los nacionalistas defienden además que las comunidades autónomas tengan margen para poder gestionar esos bienes.

Una de las recomendaciones que se estableció en el Pacto de Toledo de 1995 fue el desarrollo de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha activado su desarrollo legislativo, si bien este fondo lleva tiempo en marcha. Su constitución oficial se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso, y ya se han dejado ver ciertas diferencias entre las propuestas de los distintos grupos parlamentarios.

La primera de ellas concierne a la dotación del Fondo. El PSOE, y así queda reflejado en una de las enmiendas parciales que ha presentado este Grupo al proyecto de Ley de Fondo de Reserva, defiende que el mismo se nutra con la totalidad de los excedentes económicos del año presupuestario y consignarse en la contabilidad de la Seguridad Social, que debe reflejar cuál es el funcionamiento económico de la misma. Con ello, pretende evitar que estos excedentes se destinen a otros fines distintos como alcanzar el "déficit cero".

Por su parte, CiU defiende que los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión que, en su caso, resulten de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, se destinen prioritariamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Desde el PP, esta reivindicación socialista se ha rechazado en varias ocasiones.

Cesión a las autonomías

Otro de los puntos de alejamiento es el referido a los sistemas de control del fondo. Así, los socialistas proponen que en el Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, órgano de nueva creación al que corresponde el asesoramiento del Gobierno, se dé cabida a representantes de las organizaciones empresariales, seis en total y, en igual número, representantes de las organizaciones sindicales más representativas, además de los propios del Gobierno como los secretarios de Estado de Economía, Seguridad Social, entre otros.

Además, un punto insalvable entre los nacionalistas catalanes y el PP es el referido a que se pueda prever que la titularidad del patrimonio de la Seguridad Social pueda recaer además de en la Tesorería General de Seguridad Social, en las comunidades autónomas, respecto a los bienes que en el momento de entrada en vigor de la norma se encuentran adscritos a las autonomías.

El cálculo de la pensión

El Pacto de Toledo parte de la premisa de la necesidad de renovar el acuerdo de 1995 de forma "consensuada", y será a lo largo de este mes cuando se realicen las reuniones pertinentes para lograr un documento antes de verano que será el que sustituya al citado pacto. Así, se producirán de forma paralela los debates sobre el Fondo de Reserva y los que están manteniendo la Mesa de la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo en el Congreso, de tal modo que las distintas posiciones de los grupos parlamentarios sobre el fondo podrían reflejarse en las negociaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que se reunirá hoy, además de este jueves y, por tanto, un día después de que se haya votado en Comisión las distintas enmiendas de los grupos a este proyecto de ley.

La gran polémica de las negociaciones gira en torno a la propuesta del PP de ampliar a toda la vida laboral del trabajador el periodo de tiempo que se utiliza para calcular su pensión. Ayer, después de un largo silencio al respecto, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, aseguró que el sistema de pensiones "no demanda en este momento" una ampliación del periodo de cálculo, si bien añadió que habrá que esperar a que concluyan los trabajos del Pacto de Toledo para conocer en qué términos queda esta cuestión.

Fidalgo, que compareció en rueda de prensa para informar de la proposición de ley que ha promovido su sindicato para garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios, destacó que el sistema de pensiones estaría hoy en una situación "muy díficil" si en 1995 no se hubiera alcanzando dicho acuerdo. A su juicio, el Pacto de Toledo tuvo dos grandes virtudes. Por un lado, hizo coincidir a todos los partidos políticos en que el sistema público de pensiones era viable si había voluntad para sostenerlo, y en segundo lugar, la necesidad de ir avanzando en la solidaridad y la contributividad del sistema.

"Después de conocer el texto, hablaremos, pero no nos gusta que el debate sobre el sistema de pensiones se haga de forma oblicua o que se convierta en munición electoralista", agregó Fidalgo. En su opinión, el sistema de pensiones goza actualmente de una "excelente salud", con la mayor base afiliativa de su historia y un equilibrio financiero que garantiza que en los próximos 25 años, y creciendo por encima del 2%, el gasto en pensiones no sobrepase nunca el 10% del PIB.