Se trata de una de las principales novedades de la norma, que ha iniciado su tramitación y que será aprobada por el Gobierno regional tras el verano, para su entrada en vigor a primeros de 2004, según las previsiones.
'La ley introducirá numerosos parámetros y controles para evaluar la productividad de los empleados públicos, con el fin de premiar la calidad de su trabajo a través de complementos y pluses que tendrán un gran peso en las retribuciones', explica un portavoz de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
El sistema de medición del rendimiento estará supervisado por una Comisión de Evaluación y Calificación, en la que tendrán participación los sindicatos, aunque el detalle de su funcionamiento será desarrollado en un reglamento posterior a la ley. Actualmente, el concepto de productividad tiene escasa incidencia en la retribución de los funcionarios.
La nueva norma afectará a todos los empleados de la administración autonómica (alrededor de 200.000) y se extenderá a los de las corporaciones locales y de las universidades públicas, otros 100.000 trabajadores.
'La futura norma avanza en la profesionalización de los empleados públicos y crea un marco normativo integral para todos', según la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, con el fin de 'propiciar una Administración más ágil y moderna', añade.
Otra de las novedades de la norma es la apuesta por el concepto de empleado público frente a funcionario, que se traducirá en una 'equiparación casi total de los funcionarios a los empleados laborales en condiciones y régimen de trabajo', indica el portavoz de la consejería. Habrá un solo convenio colectivo para ambos colectivos.
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