La nueva Ley General Presupuestaria que está preparando el Gobierno y que aprobará en las próximas semanas en Consejo de Ministros refuerza el papel de control del Ministerio de Hacienda sobre el resto de departamentos ministeriales.
Una de las novedades del anteproyecto de ley es la presupuestación por objetivos y la fijación de un seguimiento continuo de las políticas de gasto. El borrador del texto determina que será Hacienda, en colaboración con los centros gestores de gasto, la que evalúe de forma continuada las políticas de gasto realizadas para garantizar así que cumplen con el objetivo marcado y con el impacto socioeconómico previsto inicialmente.
Esta labor es de suma importancia. Tanto es así que la asignación futura de gasto (para presupuestos de años posteriores) a los departamentos ministeriales dependerá del grado de cumplimiento de los objetivos marcados. Aquellos departamentos que no cumplan se les pedirá explicaciones y, si no han justificado su actuación, se les retirarán o reducirán los fondos para el ejercicio presupuestario siguiente.
Es una forma de premiar la eficacia y castigar la ineficiencia. El secretario de Estado de Presupuestos, Ricardo Martínez-Rico, indicó ayer que no se trata de enfrentar a Hacienda con el resto de ministerios, sino, más bien, de premiar el cumplimiento de los objetivos a quien realmente lo merece, según lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
No obstante, el mayor control de Hacienda se combinará con una mayor autonomía en los centros gestores, que dispondrán de una mayor flexibilidad en su gestión. Ministros y presidentes de organismos autónomos podrán variar partidas presupuestarias cuya autorización hasta ahora debía pasar por el sello de Hacienda.
Ello tiene especial relevancia en la gestión de la inversión. Ministerios inversores como Fomento y Medio Ambiente podrán adecuar los créditos que dispongan a las necesidades de cada momento. Dicho de otra forma, podrán trasvasar fondos de unas partidas inversoras a otras (ahora se encuentran en apartados estancos sin posibilidad de intercambio), siempre que se trate del mismo ministerio. Ello dará mayor poder a los centros gestores, pero también una mayor responsabilidad, ya que los jefes responderán por el incumplimiento de los objetivos, en caso de que se produzca.
La flexibilidad se extenderá también a la utilización de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y de otras entidades del sector público estatal. Con la nueva ley, Hacienda podrá pedir el ingreso en el Tesoro de los remanentes que no sean necesarios para financiar su actividad sin tener que esperar a los informes de las cuentas anuales.
El Gobierno pretende que la nueva ley entre en vigor en el próximo mes de enero, por lo que no se aplicará hasta los Presupuestos Generales del Estado de 2005. El texto reformará la ley actual vigente desde 1977 y que había sido refundida en 1988.
Escenarios plurianuales a tres años vista
Otra de las novedades de la Ley General Presupuestaria es la implantación de escenarios presupuestarios 'plurianuales'. Estos serán elaborados por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno los deberá aprobar antes del 31 de mayo de cada año. Irán referidos siempre a los tres ejercicios siguientes al de su aprobación, en línea de lo que ya ocurre con la revisión del Programa de Estabilidad que el Gobierno envía anualmente a Bruselas y que recoge escenarios macroeconómicos a tres años vista. Hasta ahora la presupuestación plurianual se había ceñido básicamente a las inversiones en grandes infraestructuras, que necesitan de varios ejercicios para su ejecución, con fondos que se obtienen simultáneamente de varias Administraciones (nacional, autonómica y comunitaria). Con la nueva ley, la presupuestación plurianual se extenderá a todo tipo de gastos. Se incluirá también los objetivos que se pretenden. La ventaja de este tipo de presupuestación es que marca una orientación clara de política fiscal a medio plazo. Pero genera un problema de adaptación a los cambios como un giro en el ciclo económico o un nuevo Gobierno.
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