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EXPANSIÓN - ECONOMÍA   

5 de junio de 2003    


Hacienda podrá embargar a todos los que colaboren en las tramas de elusión fiscal

C. Cuesta. Madrid

La nueva Ley General Tributaria permitirá acabar con la práctica de esconder los bienes amenazados por un embargo bajo el nombre de familiares u otras personas. Todos los implicados en estas fugas podrán pagar por ello.


Hacienda se ha propuesto acabar con los puntos débiles en las actuaciones de los inspectores y recogerá en la nueva Ley General Tributaria una notable extensión de las posibilidades de embargo a los defraudadores. El objetivo: acabar con una práctica generalizada en las elusiones fiscales consistente en bloquear los intentos de embargo de los bienes por medio del traspaso de la titularidad del patrimonio y de los capitales del contribuyente envuelto en un caso de evasión a sus familiares o socios.

El medio elegido por Hacienda para poner coto a esta práctica ha sido la extensión de las posibilidades de embargo de forma que no sólo los infractores y culpables de un fraude puedan pagar, sino que también lo hagan los “causantes o colaboradores en la transmisión de bienes o derechos del obligado realizada con el fin de impedir la actuación de la Administración”.

La puerta abierta a la inspección por la reforma legal –que acaba de entrar en tramitación parlamentaria– supone la capacitación a los equipos de Hacienda para embargar, por ejemplo, a los beneficiados en un traspaso de bienes de este tipo, lo que permitirá la actuación directa contra esposas o esposos de los defraudadores, sociedades o socios, que se han convertido, “en demasiados casos de fraude en un cortafuegos con el que frenar la labor de la Agencia Tributaria”, según revela una fuente de Hacienda.

Colaboradores

Y no sólo se podrá actuar contra los que se conviertan en destinatarios del dinero o del patrimonio. El término “colaboradores” permitirá introducir dentro de los posibles embargados a las propias entidades financieras –bancos, cajas, o sociedades de valores– que en un caso de embargo favorezcan la escapatoria de sus clientes de las manos de Hacienda.

Desde el ministerio aseguran que aunque actualmente se puede acabar actuando contra estos casos y perseguir a todos los colaboradores, la falta de una regulación expresa en una ley general –como la nueva norma tributaria–, lanzaba estos casos a la arena de los tribunales de Justicia, acabando en procesos interminables y, en muchas ocasiones, desembocando en negativas de los jueces al embargo de los bienes de los cómplices del fraude.

La nueva reforma permitirá actuar directamente para hacerse con los bienes con un pleno respaldo legal y sin ningún temor a las sentencias de los distintos tribunales.

La medida pretende favorecer, de esta forma, la agilización de los cobros en lo que se denomina “periodo ejecutivo”, es decir, cuando los defraudadores se niegan a pagar el acta fiscal de forma voluntaria. Las cifras de la Agencia Tributaria reflejan las trabas que oponen muchos de los contribuyentes al pago y los problemas que generan en la recaudación de impuestos. Según la última memoria de la Agencia, al cierre de 2002 se encontraban pendientes de cobro en este trámite un total de 6.733 millones de euros, cifra que ha permanecido prácticamente estancada si se la compara con el dato de 2001, cuando se situaba en 6.738 millones.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió ayer con la Organización de Profesionales Autónomos (OPA) a crear una comisión con representantes de este colectivo para combatir el “intrusismo” en el sector de quienes no pagan a la Seguridad Social y a Hacienda.



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