El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, restó importancia ayer a las quejas de los inspectores fiscales y afirmó que las denuncias que han realizado diversos inspectores de Hacienda sobre la "obstrucción" de este ministerio en la lucha del fraude fiscal de las grandes fortunas se debe “exclusivamente” a una “mera reclamación salarial”.
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Hacienda asegura que las críticas, que han llegado a pedir la dimisión del secretario de Estado de Hacienda y del director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz-Gallud, se han efectuado dentro de un “contexto de reivindicación salarial”, en el que se han reclamado aumentos de sueldo cercanos al 25%. Rodríguez-Ponga recordó que “las negociaciones salariales no las puede realizar cada ministerio por separado, sino que la retribución de los funcionarios depende de los límites presupuestarios que se establezcan cada año”. y descartó que exista una dejación de las labores de lucha contra el fraude.
Sanciones más suaves
Rodríguez-Ponga, por otra parte, aclaró ayer que la nueva Ley General Tributaria, que recoge rebajas de hasta un 15% en los embargos por motivos fiscales y de más de un 50% en las sanciones tributarias, se aplicará de inmediato para beneficiar a los afectados.
Con este objetivo, a partir de ayer, han quedado suspendidos los procesos sancionadores de forma que, aunque se prosigan con toda normalidad las labores inspectoras, la asignación de la sanción concreta se retrasará hasta la entrada en vigor de la nueva ley –el próximo 1 de enero– para que los sancionados puedan aplicarse el nuevo modelo de rebaja de las multas.
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