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EL PAÍS - ECONOMÍA   

2 de junio de 2003    


Inspectores fiscales piden ceses en la cúpula de la Agencia Tributaria

SERAFÍ DEL ARCO. Barcelona

Rebelión en las tripas de Hacienda. Un grupo de 40 inspectores de la provincia de Barcelona ha solicitado por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el cese inmediato de su secretario de Estado, Estanislao Rodriguez-Ponga, como presidente de la Agencia Tributaria, y de su director general, Salvador Ruiz Gallud. Los funcionarios denuncian que la actuación de Hacienda favorece a las grandes fortunas y a las rentas más altas.

Este grupo de funcionarios califica de "penosa" la situación, de la que responsabiliza a los máximos dirigentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En plena campaña de la declaración de renta, los inspectores de Hacienda de Barcelona, con sus cinco jefes adjuntos al frente, remitieron el pasado miércoles una dura carta a Montoro, a la que ha tenido acceso este diario y en la que denuncian las trabas de la dirección de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude mientras, en paralelo, ésta reorienta la actuación de la Inspección a aumentar la presión hacia los pequeños contribuyentes, a los asalariados y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que cumplen en mayor medida con sus obligaciones fiscales. Los inspectores que firman la misiva son más de la mitad de la totalidad de la Inspección de Hacienda de Barcelona.

Esta no es la primera vez que el cuerpo de inspectores se manifiesta en este sentido. Los inspectores fiscales agrupados en la Asociación Preofesional de Inspectores Fiscales de España (Apife) también pidieron el cese inmediato de RodrÍguez-Ponga por llevar a cabo una política obstruccionista en relación a la lucha contra el fraude fiscal de los grandes grupos económicos.

En esta ocasión, no obstante, además de expresar su malestar al ministro, los cinco jefes adjuntos de la Inspección de Barcelona han presentado su dimisión, según fuentes de la Delegación Especial de Cataluña.

Preguntada al respecto, la Agencia Tributaria entiende que detrás de la carta del cuerpo de inspectores fiscales "hay cierta reivindicación laboral".



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