La Ley de Subvenciones comparte los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, como ésta última, busca asignar correctamente el gasto público. En este sentido, los principios generales de la Ley de Subvenciones son la igualdad, la publicidad, la transparencia, la objetividad y la eficacia. Montoro indicó también que la razón de ser de esta ley es "procurar que la asignación del dinero público en subvenciones sea más eficaz y transparente, centrándose en la mejora de la protección social y en las políticas de gasto que favorecen la creación de empleo y el crecimiento económico".

El titular de Hacienda explicó que "para entender la importancia de esta ley debemos tener en cuenta que en España se conceden al año subvenciones por valor de unos 50.000 millones de euros", y se mostró convencido de que la nueva legislación "va a ser una herramienta de gran utilidad para coordinar esta modalidad del gasto público entre las diversas administraciones".

Uno de los objetivos más destacados de la nueva ley deberá ser la eficacia. Así, los órganos que conceden subvenciones deberán elaborar planes estratégicos en los que se definan objetivos, plazos, costes, fuentes de financiación y prioridades de las subvenciones otorgadas. Además, la nueva norma pretende reducir las distorsiones que puedan producirse en el mercado las subvenciones. Con este fin, la Ley establece también nuevos instrumentos para evaluar y controlar los resultados de las ayudas concedidas, lo que mejorará la asignación de las subvenciones que se concedan en el futuro.

Más transparencia

La mejora de la transparencia es otro de los objetivos que persigue esta ley. Por ello, el texto del anteproyecto indica que las administraciones que concedan la subvención deben hacerla pública y de forma detallada en el órgano oficial correspondiente. Asimismo, la norma contempla la creación de una base de datos nacional en la que se incluirán todas las subvenciones que concedan las Administraciones Públicas, lo que permitirá la coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de las subvenciones.

La ley introducirá también importantes novedades en lo que se refiere a la seguridad jurídica. Así, el nuevo texto incorpora el estatuto jurídico de los beneficiarios, donde se incluyen sus derechos y obligaciones, lo que aumentará las garantías y la seguridad jurídica de los perceptores de subvenciones. Dentro de este objetivo, la ley tendrá el carácter de básica en lo referente a los principios y a las definiciones generales. Aunque su ámbito de aplicación se centra en las subvenciones concedidas por el Estado y las corporaciones locales, se pretende que todas las subvenciones, incluidas las otorgadas por las CCAA, se encuadren dentro de un marco general con unos principios y unas definiciones concretas y comunes.

Además, la nueva norma busca agilizar el proceso de concesión de las subvenciones. Entre estas mejoras, destaca la posibilidad de establecer una fase de preevaluación de solicitudes, de modo que en la fase definitiva sólo estén los solicitantes que hayan cumplido los requisitos administrativos. Además, los beneficiarios no tendrán que aportar documentos que ya tenga la Administración. Otra de las mejoras consiste en que la presentación de solicitudes y su tramitación administrativa podrá hacerse por vía telemática.

La ley establece de forma expresa el deber de colaboración de los beneficiarios que, en el ámbito del control financiero por parte de la Intervención General del Estado, se extiende también a terceros relacionados con el objeto de la subvención. La negativa a las actuaciones de control puede llevar a la devolución o reintegro de las ayudas. En este sentido, la norma avanza en la adecuación del proceso de reintegro. Éstos serán proporcionales a las obligaciones de los beneficiarios, de modo que cuando no las cumplan deberán devolver la ayuda.

Infracciones

Otra de las novedades de la nueva ley es la tipificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, así como el establecimiento de sanciones, graduales en función de la infracción. Las infracciones van desde la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a la subvención, en el caso de infracciones leves, hasta la obtención de una ayuda falseando las condiciones requeridas para su concesión, en el caso de infracciones muy graves.

En cuanto a las sanciones, pueden tratarse de multas o pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o celebrar contratos con las Administraciones públicas durante un tiempo determinado. Estas dos últimas sanciones sólo se aplicarán en el caso de las infracciones graves o muy graves, y pueden llegar a costar la inhabilitación para contratar con la administración durante un plazo máximo de cinco años.