En una entrevista publicada por la revista Perfiles, el dirigente sindical afirmó que tanto el Gobierno como CCOO consideran que los jóvenes deben sentirse tranquilos, "porque tienen garantizada su pensión".

En este sentido, Fidalgo señaló que las proyecciones de las que dispone el sindicato apuntan a que el gasto en pensiones no será superior al 11% del PIB dentro de 20-25 años, cifras que, en su opinión, "se puede permitir la sociedad española. Se lo debe permitir y procurar porque las pensiones son un gran factor de cohesión y de sostenibilidad de la propia economía".

Preguntado por si serán necesarias nuevas modificaciones en el sistema de protección social, el secretario general de CCOO indicó que "nada es sostenible" si no se acometen reformas, y añadió que el sistema de pensiones español "debe ir cambiando en sus objetivos" en función de las necesidades de los ciudadanos.

Según Fidalgo, "el Pacto de Toledo ya demostró que las fuerzas políticas que nos gobiernan, nos han gobernado y nos pueden gobernar están de acuerdo en que el sistema de pensiones público que hay en España, de reparto y caja única, es un sistema bueno, idóneo y, además, sostenible".

El líder de CCOO opinó que en los 25 años del sistema democrático se han producido avances en política social, si bien advirtió que quedan muchas cosas por hacer en este terreno. A su juicio, las mayores carencias afectan a las personas dependientes y las políticas familiares, dado el escaso dinero que se destina a estas dos materias.

Fidalgo aseguró que "no es una casualidad" que se esté hablando de estas cosas al hilo de la campaña electoral, y recordó que en el acuerdo de pensiones que suscribió su sindicato con el Gobierno y la CEOE en abril del 2001 se recogía un capítulo de atención a la dependencia que la Comisión de Seguimiento de dicho acuerdo se encuentra abordando.

En su opinión, la atención a las personas dependientes, además de ser un gran yacimiento de empleo "profesional y muy vocacional", tiene que englobar, no sólo a los agentes que firmaron el pacto de pensiones, sino también a las administraciones autonómicas, que son las que tienen competencias en la materia.

"A partir de ahí, la protección a los dependientes tiene que fijarse mediante un código de derechos, con legislaciones básicas que los protejan. Para mí, éste es el objetivo y luego se puede discutir quiénes son los agentes que prestan esos servicios, la intensidad de la prestación o cómo se crean los instrumentos que garanticen las prestaciones. Aunque en el objetivo habrá que ser ambiciosos, creo que en el desarrolllo hay que ser gradualistas", precisó.