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CCOO propone configurar un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler, de cáracter mixto y a precios razonables, que contaría con una subvención directa a los inquilinos, en función de los ingresos y las condiciones familiares. Todo con el objetivo de ofrecer alternativas a la compra de pisos y a su "imparable" escalada de precios. El derecho sería generado por el inquilino, pero la ayuda, que tendría un tope máximo, se podría abonar directamente al arrendatario para garantizar el destino de la misma. Según el sindicato, el coste total de esta medida rondaría los 1.040 millones de euros anuales, beneficiaría a 500.000 personas, permitiría poner en circulación parte de los pisos que ahora están deshabitados en los núcleos urbanos y reduciría el esfuerzo salarial para acceder a la vivienda. Ésta es una de las medidas contenidas en el informe sobre los problemas del acceso a la vivienda en España que el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, presentó ayer en rueda de prensa.
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En el caso de una familia con un hijo a cargo y una sola renta se dedicaría al pago del alquiler sólo el 35% del salario neto. Estas ayudas, financiadas por la Administración Central, la autonómica y la estatal, irían acompañadas de la promoción de empresas de servicios para la gestión de los parques inmobiliarios destinados al alquiler. Las propuestas de este estudio, subrayó Fidalgo, serán presentadas en los próximos días a los grupos parlamentarios para intentar encontrar soluciones a la situación actual de la vivienda.
El líder sindical pidió a los partidos políticos que aprovechen para presentar sus medidas en materia de vivienda en sus programas electorales, porque son ellos "los que tienen que hablar de estas cosas". Según el sindicato, el precio de la vivienda ha crecido en términos reales entre 12 y 14,5 veces más que los salarios desde 1987, en función de la ciudad elegida para adquirir la misma. En el caso del alquiler, el esfuerzo mensual que debe realizar un trabajador para acceder a una vivienda usada alcanza el 56% de su salario neto en media estatal, y el 80% si la vivienda es nueva. Estos porcentajes se elevan hasta el 90 y el 116%, respectivamente, si los pisos se hallan en una gran ciudad.
Para CCOO, el motivo fundamental del "escandoloso" precio de la vivienda reside en la falta total de una opción distinta a la compra. Así, mientras en la Unión Europea (UE) el 40% de los hogares son en régimen de alquiler, en España este cantidad se reduce hasta el 11,3%. A ello se suma, según CCOO, el hecho de que todas las políticas de vivienda han ido dirigidas a fomentar la construcción de pisos, restándole importancia al alquiler.
El sindicato añade también otras medidas, como fomentar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de propiedad y promovidas por cooperativas, pero aumentando los periodos de descalificación de la vivienda para evitar que se generen plusvalías. Asimismo, CCOO defiende la creación de un observatorio inmobiliario con posibilidad de actuar como intermediario en el mercado. Para la central la "desproporcionada" subida del precio de la vivienda en España se debe a muchos factores, pero en ningún caso responde a la escasez de pisos, ya que desde 1950 el parque de viviendas se ha triplicado mientras el número de hogares sólo se ha duplicado.
Zapatero pregunta a Aznar
A la espera de que esta nueva propuesta llega al Congreso, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntará al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la próxima sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, sobre "las dificultades de las familias españolas para acceder a una vivienda". En la misma sesión plenaria del miércoles, tanto el Grupo Socialista como el de IU interpelarán al Ejecutivo sobre políticas de vivienda ante el "fracaso" que, a su juicio, ha demostrado en esta materia, que se ha evidenciado con la "impotencia" de diversos sectores sociales para acceder a un vivienda en propiedad o alquiler.
En los escritos que han presentado ambos grupos se pide una política de acción concreta por parte del Gobierno para resolver los "problemas" y "carencias" existentes en materia de vivienda. En opinión del PSOE, el Plan de Vivienda 2002-2006 se demuestra insuficiente para resolver el problema y pone de relieve que, de las 500.000 viviendas que se construyen, sólo el 8% son de protección oficial. Para superar este problema, desde las filas socialistas se propone que la Administración configure patrimonios de suelo, así como patrimonio publíco de vivienda en alquiler, al tiempo que proponen al Ejecutivo que incremente el 0,5% del PIB que destina en la actualidad a política de vivienda.
Minimizar el impacto de las subidas
Precisamente ayer, el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, coincidieron durante su intervención en sendas jornadas sobre vivienda y el sector financiero en la ralentización que registrará este año la subida del precio de la vivienda, una menor subida que, según de Guindos, se podría cifrar en el entorno del 7%. El 'número dos' de Economía se refirió a las constantes advertencias que realiza la entidad dirigida por Caruana sobre el fuerte sobreendeudamiento que sufren las familias españolas como consecuencia del encarecimiento de la vivienda en los últimos años, pero apuntó que, dado que se ha dedicado principalmente a la compra de vivienda, la revalorización de ésta ha compensado holgadamente el mayor endeudamiento.
Durante su intervención en el VIII Congreso Notarial sobre "Suelo y vivienda en el siglo XXI", De Guindos subrayó, además, que el nivel de endeudamiento de los hogares españoles, situado en torno al 70% de la renta disponible, está todavía por debajo de la media europea, lo que no impide, dijo el secretario de Estado, que el encarecimiento de la vivienda sea, sin duda, un elemento de preocupación para el Gobierno. Entre las actuaciones previstas por parte de la administración para resolver este problema, recordó que es imprescindible flexibilizar la política de suelo para que la oferta inmobiliaria se ajuste más rápidamente a la demanda, aunque subrayó que esta materia es competencia directa de las administraciones locales y autonómicas y no de la central. |