Así consta en la Memoria del 2002 de ese organismo, en la que se afirma que las entidades utilizan en la actualidad como "instrumento de evasión fiscal" los denominados "productos fiduciarios offshore", en los que aparecen "una combinación de testaferros y paraísos fiscales" para ocultar la identidad real del titular de los fondos.

A estos depósitos pueden ir a parar, según la Fiscalía, "capitales formados con rentas que han escapado al control fiscal, susceptibles, por la ocultación de su origen, de haber sido generadas en actividades delictivas".

Las entidades ofrecen estos productos dentro de su actividad de banca privada, caracterizada por la atención personalizada y con criterios de confidencialidad, y "cuyas líneas de actuación se discuten, supervisan e impulsan en los Consejos de Administración", según la Fiscalía.

Los "productos fiduciarios offshore" son cuentas que las filiales en paraísos fiscales de las entidades de crédito españolas tienen abiertas a su nombre en la matriz, en España, y en las que se deposita el dinero de inversores españoles pero sin dar su titularidad alegando que son clientes de las filiales.

Para la Fiscalía, es "inaceptable" que una entidad se niegue a facilitar la identidad de aquellos clientes que residen, han sido captados y han adquirido productos con recursos situados en España, y que, además, el propio banco "facilite" los "testaferros".

Las acusaciones del Ministerio Fiscal van más allá al asegurar que las entidades no han informado debidamente a la Agencia Tributaria de la identidad de las personas autorizadas para disponer de estas cuentas, pese a que la Ley lo exige desde 1998.

Más coordinación

Ante esta situación, el organismo dirigido por Carlos Jiménez Villarejo pide al Gobierno que promueva la coordinación de los organismos competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y también con otros países miembros de la OCDE.

Se trata, añade, de "criminalizar" la conducta de las entidades financieras cuando desarrollen estrategias comerciales que buscan captar recursos generados "al margen del control fiscal" por medio de productos caracterizados por la dificultad de identificar quien lo adquiere y cuánto defrauda.

La Fiscalía apunta que los "productos fiduciarios offshore" son los últimos utilizados por la banca para facilitar el fraude fiscal, para lo que anteriormente recurrió a otros como los seguros de prima única o las cesiones de crédito.

Además, en la Memoria del 2002, la Fiscalía Anticorrupción califica de "irregulares y lesivas para el Tesoro Público" las emisiones de participaciones preferentes -similares a las acciones- que numerosas entidades de crédito realizan desde paraísos fiscales y que en los últimos cinco años han ascendido a 15.104 millones de euros.

El Ministerio Público reconoce que esta práctica es "conocida, consentida y avalada por el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Hacienda", pero demanda que se adopten urgentemente medidas legislativas y reglamentarias que las regulen y aseguren su tributación.