El Anteproyecto de Ley, que servirá también para adaptar a la normativa española la directiva 1999/93 que establece un marco comunitario para la firma electrónica en la Unión Europea, presenta como principales novedades el establecimiento de las bases para la implantación del DNI digital y la creación de una firma de personas jurídicas, como empresas e instituciones, para operaciones telemáticas.

El Ejecutivo considera que el documento nacional de identidad digital, cuyo prestador de servicios de certificación (PSC) será el Ministerio del Interior, está "llamado a generalizar el uso de la firma electrónica en España". Con el desarrollo reglamentario posterior, el Gobierno buscará convertirlo en el "instrumento idóneo para identificar fehacientemente a las personas que se comunican a través de la Red". En cuanto a la emisión de certificados de personas jurídicas, el Gobierno considera que la firma electrónica es susceptible de integrarse en procedemientos automatizados sin intervención directa de una persona física, lo que convertirá a la rúbrica digital en una herramienta de especial utilidad para acercar a las pymes al comercio electrónico y la Sociedad de la Información.

No obstante, Piqué precisó que la validez de la firma electrónica de empresas o entidades se limitará a las relaciones de estas con las Administraciones Públicas y contrataciones propias de su actividad ordinaria, y no altera la legislación mercantil y civil que rige actualmente en la representación de la persona jurídica, de tal forma que -en algunos casos- se podrá "exigir la firma del representante, aunque sea electrónica, y no sólo la firma de la persona jurídica".

Autorregulación

El anteproyecto también contempla la eliminación del registro de PSC previsto en el decreto-ley de 1999 por un servicio de difusión con el nombre, dirección de internet, datos de atención al público y características de los servicios que ofrecen los PSC que operan en el mercado, con el objetivo de hacer más dinámica y fluida la prestación de servicios.

La ausencia de una autorización previa a la prestación de servicios de certificación en pos de la autorregulación del sector, también tendrá su reflejo en mecanismos de supervisión y control más estrictos y multas de cuantías más elevadas para las infracciones. Así, junto a la figura de los sellos de calidad contemplada en el anteproyecto para fortalecer la confianza de consumidores y usuarios en los PSC, se sustituye la obligación de constitución de una garantía económica por parte de éstos por una cuantía mínima única de 3 millones de euros, flexibilizando la combinación de los diferentes instrumentos para su constitución.

La incorporación de las tecnologías de firma electrónica permitirá solicitar y finalizar los trámites, a través de Internet, de becas, ayudas o subvenciones de los diferentes programas que gestiona la Administración. Además, permitirá completar el registro de patentes o marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como su utilización en los procesos automatizados de realización de pedidos o emisión de facturas por parte de las empresas.

Problemas de estandarización

La Asociación de Internautas (AI) valoró positivamente la aprobación del anteproyecto, pero se mostró cauta respecto al proceso de debate parlamentario y desarrollo reglamentario en cuanto al estándar tecnológico que se decida. "Es un buen paso -señaló el presidente de la AI, Víctor Domingo, a Europa Press- pero el problema no es sólo legal o jurídico, sino también de tipo técnico, porque puede haber un estándar de firma electrónica validado por la Administración pero no por El Corte Inglés".

Para Domingo, o en el proceso parlamentario del texto, o en los reglamentos que lo desarrollen, el Gobierno se tendrá que decantar por "uno de los estándares tecnológicos de los que hay", y entonces habrá que ver si "sirve también para la relación con las instituciones europeas o el comercio electrónico en general". El presidente de la AI destacó que las organizaciones de usuarios también estarán "muy encima" de la normativa sobre los PSC, así como sobre la entidad o entidades que supervisen su gestión, porque en ellas radicará la responsabilidad y seguridad de las transacciones autorizadas con firma electrónica.