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CINCO DÍAS - EMPRESAS   

24 de febrero de 2003    


Los inspectores aseguran que la nueva Ley Tributaria limita su capacidad de investigar

V. M. / MADRID

Lamentan haber estado al margen de los trabajos preparatorios para la reforma de la Ley General Tributaria. Y, sobre todo, lamentan que el actual borrador de Hacienda 'quite armas a la inspección'. Los inspectores fiscales no están de acuerdo con muchas de las propuestas de cambio, 'porque se olvidan de ese 10% de contribuyentes que se dedica al fraude cualificado'.


El borrador de reforma de la Ley General Tributaria, una norma que regula las relaciones entre Hacienda y los contribuyentes, prevé bajar las sanciones si se colabora con la inspección, propone que las actas de inspección puedan finalizar con acuerdo para así disminuir el número de litigios y da una nueva regulación al fraude de ley. Según Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda, esta reforma refuerza la lucha contra el fraude y mejora las garantías de los contribuyentes. Sin embargo, la Asociación Profesional de Inspectores Fiscales de España (Apife) tiene otra visión.

Inspección. Según la Apife, el texto propuesto es 'obstruccionista para el trabajo de la Administración'. Juan Miguel González, inspector de Hacienda integrado en Apife, señala que 'parece pensado para la inmensa mayoría de contribuyentes que son cumplidores, y plantea una Administración de servicios'. 'El problema', aclara, es que 'se olvida de ese 10% que realiza operaciones cualificadas y complicadas'. Como ejemplo, señala los cambios en el procedimiento de inspección.

El borrador limita los casos en que el plazo de una inspección (12 meses) se puede ampliar. Y, por ejemplo, acota el tiempo para estudiar un delito fiscal tras volver del orden penal. Para la Apife, esta situación 'crea desánimo en la profesión'. Para Hacienda se trata de dar garantías al contribuyente.

Actas con acuerdo. La nueva ley creará actas con acuerdo en las que Administración y contribuyente fijen la aplicación de la norma. Se dará en casos dudosos. Para la Apife, esto supone 'deslegitimar el trabajo del día a día de los inspectores'. En su opinión, parece como si nada de lo actuado sirviera, porque, al final, se va a llegar a un pacto.

Fraude de ley. Según explica González, esta figura no ha funcionado bien y necesita cambios que 'reduzcan las dificultades para aplicarse'. El borrador propone crear una nueva figura que castigue el abuso de la norma tributaria. En opinión de Rodríguez-Ponga, así se reforzará la lucha contra el fraude. Para la Apife, no está claro que vaya a funcionar en la práctica. El fraude de ley es realizar una operación utilizando una norma pensada para otra operación con mejor trato fiscal.

Sanciones. Los inspectores creen que no hay que premiar al que cumple, sino castigar al que incumple. Para Hacienda, el cambio pretende reducir la discrecionalidad en la imposición de sanciones.

Aportar datos. Se trata de uno de los aspectos más polémicos de las relaciones con la Administración y que la futura ley tributaria prevé solucionar aplicando el actual estatuto del contribuyente. Pero para la Apife 'es un aspecto más que puede terminar por quitar armas a la inspección, estableciendo demasiadas cortapisas'.

Órgano unipersonal. La Apife no está muy convencida sobre la funcionalidad de esta novedad, pero, en todo caso, cree que debería detallarse qué es lo que llega a este nuevo órgano. La intención de Hacienda es desviar la litigiosidad creando un órgano que, dentro de los tribunales administrativos, se encargue de asuntos de poca cuantía.

La Apife no quiere la merma de las garantías de los contribuyentes. Pero como señala su presidente, Ignacio Fadón, 'al ministerio le gusta informar del fraude detectado y parece no darse cuenta de quiénes están detrás de esos resultados'.



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